Por Andrés Torterola.
En relación con los 291 trabajadores de la Intendencia de Salto que fueron cesados en el inicio del gobierno del intendente Carlos Albisu, CAMBIO entrevistó a la dirigente sindical de la lista 22 de ADEOMS, Alicia Olivera.
La sindicalista señaló que la directiva del sindicato, en consenso, informó a los trabajadores que, sabiendo que se han organizado a través de distintas comisiones, ADEOMS pone a su disposición las instalaciones del gremio y el asesoramiento de los dos abogados del sindicato, quienes, junto a otros cuatro profesionales, llevarán adelante la defensa de los funcionarios en la Justicia.
NO PUEDE ACTUAR
Olivera explicó que, según el estatuto vigente, estos trabajadores dejan de ser socios del sindicato al momento del cese, por lo que la directiva no puede actuar formalmente en representación de ellos, más allá de brindar el espacio físico para reuniones y facilitar la organización.
Indicó, además, que estas resoluciones fueron comunicadas debidamente a los trabajadores, y que la directiva se mantiene disponible para atender cualquier consulta que los funcionarios cesados consideren necesaria.
DEBILITAR LA ORGANIZACIÓN
CAMBIO entrevistó a Patricia Barrios, una de las funcionarias cesadas, quien explicó que la organización de los 291 trabajadores, junto con la comisión de finanzas, viene llevando adelante una serie de actividades de recaudación para afrontar los costos de los juicios que comenzarán a partir de este mes de febrero.
Barrios destacó que estas acciones solidarias —que incluyen rifas, ventas y distintas iniciativas comunitarias— han recibido un importante apoyo de la ciudadanía, lo que demuestra que la causa de los trabajadores encuentra eco en la población.
“En estos procesos defendemos nuestro convenio colectivo, del cual fuimos apartados de manera arbitraria e ilegal. Se nos acusó bajo un supuesto argumento económico, pero ya ha quedado demostrado que ese nunca fue el motivo real. La verdadera razón fue política: una decisión que buscó debilitar la organización y desconocer derechos conquistados”, indicó.
DEFENDER A LOS TRABAJADORES
Hoy reafirmamos que esta lucha no es únicamente por los 291 trabajadores cesados, sino por la dignidad de todos los trabajadores, por la plena vigencia de los convenios colectivos y por el respeto a las garantías que debe asegurar la justicia.
La dirigente señaló que este reclamo trasciende lo individual y se convierte en una causa que involucra a toda la sociedad, porque cuando se vulneran derechos laborales fundamentales, se afecta el tejido democrático y social.
Pidió, además, el acompañamiento de la ciudadanía para respaldar este reclamo legítimo, recordando que defender a los 291 es defender el derecho de cada trabajador a ser protegido frente a la arbitrariedad y cualquier forma de persecución. Concluyó señalando que solo con unidad, respeto institucional y compromiso colectivo se podrá avanzar hacia una solución justa y definitiva.
