Un Solo Uruguay se opone a la obligatoriedad del aporte solidario

El sector agropecuario siendo representado por las principales gremiales agropecuarias del país reunidas en Campo Unido entregó al Estado un documento en el cual compromete un importante aporte al Fondo Coronavirus. Sin embargo dicho anuncio despertó voces de la oposición que no cuestionan el origen de los fondos y en la jornada de ayer se sumó el movimiento Un Solo Uruguay oponiéndose a la obligatoriedad del aporte por parte de los productores.
En este sentido se debe recordar que los aportes que se brindan a través de las instituciones: INAC y INIA; cuentan con el aval de los integrantes de ambas directivas donde se encuentran representados tanto los productores como el Estado. En este caso es válido mencionar como se nutren de fondos ambas instituciones, en primer lugar INAC recibe fondos a través de impuestos que se le cobran a los productores e industria, por las ventas al mercado interno y externo de nuestras carnes, como así también de la exportación de ganado en pie. Desde INAC se estaría aportando US$ 20 millones de dólares.
En el caso de INIA; la situación del aporte es diferente. INIA recibe un aporte por parte de los productores que corresponde a un adicional que se cobra con el IMEBA, mientras que como contrapartida el Estado debe aportar como mínimo el mismo valor. Sin embargo en el período anterior de gobierno se generó un atraso en el aporte que debería realizar el Estado, así como también la transferencia del adicional del IMEBA pago por los productores en el último período. Por lo que el aporte realizado en este caso, comprende lo adeudado por el Estado a la institución y parte de lo aportado por los productores y que no fuera volcado a la institución en tiempo y forma. En este caso se destinará US$ 30 millones que se adeudan a INIA y US$ 10 millones que provienen de los fondos FPTA para proyectos presentados por otras instituciones y profesionales.
En el caso del 1% que aportan los productores a través de la venta de semovientes, el Estado le devuelve dicho aporte a través de certificados que luego se descuentan de los pagos del BPS. Si bien en los últimos años, los productores tramitaban únicamente el 50% del total recaudado en certificados, el total del aporte en 2019 llegó a los 40 millones de dólares. Para esto se debería, según algunos especialistas tributarios, votar una ley que incluye a la totalidad de los productores porque podría existir quienes no estén de acuerdo y soliciten los certificados.
Más allá de alcanzarse o no el importe mencionado por las gremiales, lo primordial es destacar la decisión de renunciar a los beneficios que tiene el sector en pro de la sociedad en su conjunto.
Un Solo Uruguay
Desde el movimiento Un Solo Uruguay, se emitió un comunicado en la jornada de ayer donde se establece por parte de sus integrantes, su disconformidad con el aporte obligatorio a través de la renuncia de los certificados de BPS por parte de todos los productores, en el entendido que las gremiales representan a sus afiliados únicamente.
El movimiento señala que desde sus inicios, y contando con el apoyo de las gremiales, siempre se ha opuesto a la «obligatoriedad», destacando su posicionamiento contrario a la Ley de Inclusión Financiera, el Sistema de Rastreo al Transporte de Cargas, etc.
Un Solo Uruguay destaca la solidaridad y «gran humanismo» que ha demostrado el sector agropecuario, «donando insumos, productos o dinero, aportando a través de instituciones estatales, organizaciones, gremiales o en forma individual, intentando palear el grave perjuicio que ha acarreado el párate de la actividad económica a los más necesitados, cada uno a través de sus reales posibilidades».
El grupo que reúne a integrantes de varios sectores de la sociedad, remarca que «la solidaridad es casi un acto de fe y por lo tanto es individual». En este sentido «no compartimos que algunas Gremiales Agropecuarias (Campo Unido) las cuales sólo representan a sus afiliados, dictaminen y obliguen al conjunto de productores rurales del Uruguay a ser obligatoriamente solidarios, determinando cómo, cuándo, con quien y por cuánto tiempo deben serlo».
Para Un Solo Uruguay, con la decisión adoptada por las gremiales, contradice el «discurso» llevado adelante por las mismas en «los últimos años, en el cual permanentemente hicieron referencia a la grave situación y riesgo que atraviesa el sector agropecuario por falta de competitividad, excesivos costos y magra o nula rentabilidad» y remarcan que «estas gremiales, disponiendo de plata ajena, redoblan la apuesta al grupo de grandes empresas multiplicando 25 veces sus aportes, u 8 veces a los aportes de todo el sistema político y público».
El comunicado del movimiento termina señalando que «la libertad individual es innegociable».
Carlos Ma. Uríarte
En la última conferencia de prensa, realizada el pasado martes mediante videoconferencia, CAMBIO consultó al Ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, sobre la obligatoriedad de esta renuncia del 1% a la venta de semovientes a través de los certificados de BPS, en el entendido que las gremiales en definitiva no cuentan con la totalidad de los productores agropecuarios del país como sus afiliados, situación que conoce bien teniendo en cuenta que fue presidente de la Federación Rural del Uruguay, una de las gremiales integrantes de Campo Unido.
«Te voy a contestar como tú me hiciste mención, como ex presidente de la Federación Rural, nosotros tenemos una institucionalidad agropecuaria que en su mayoría tiene más de 100 años, una institucionalidad que tiene el deber de representar en el acierto o en el error a todos los productores, sino sería una anarquía y cada uno dependería de lo cada uno piense y es imposible atender las voluntades de todos» dijo él ministro.
Uriarte señaló que en el contexto de Campo Unido, «donde las principales gremiales madres están representadas y en ellas la inmensa mayoría de los productores agropecuarios del país», el gobierno entiende que está representada «la voluntad del sector». «Lo que ellos decidan es lo que nosotros como ministro vamos a respetar» dijo el jerarca.
El Ministro de Ganadería, aclaró que «si hay alguien que discrepa» de dicha medida, «creo que tiene a su alcance los medios para poder expresarse y decir su voluntad para ser tenida en cuenta o no por las gremiales que representan a todos los sectores».
Por su parte el Ing. Agr. Ignacio Buffa, subsecretario de la cartera, dijo que «esta medida asociada a la renuncia de ese crédito fiscal para el pago de BPS no va a alcanzar a los productores familiares definidos por el MGAP y tampoco va alcanzar a los pequeños productores lecheros».