Un productor rural y comerciante de 64 años ha sido condenado por repetidos delitos de abigeato, tras ser descubierto participando en diversas maniobras ilegales con ganado vacuno perteneciente a varios productores de la zona de la Ruta 26, en el departamento de Paysandú.
La investigación del caso comenzó en octubre de 2022, cuando un productor notificó a la Policía que el ahora condenado, identificado por las iniciales O.A.G.A., junto con otra persona, había transportado nueve vacunos hacia su embarcadero sin autorización. Las investigaciones policiales revelaron que un capataz había dirigido el ganado hacia el embarcadero, siguiendo instrucciones de O.A.G.A., con la intención de embarcar los animales en un camión de un escritorio rural en Guichón. Al enterarse de que la Policía había sido alertada, el hombre liberó al ganado en un bosque cercano.
El personal de la Seccional 8 de Gallinal, al sospechar de la maniobra, informó a la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Paysandú, que intervino en el caso. Los efectivos localizaron al ganado en el predio forestal y constataron que a siete de los nueve animales se les había cambiado el dispositivo de trazabilidad, registrándolos a nombre de la esposa del condenado. Los animales fueron reconocidos por cuatro productores de la zona como de su propiedad, según detalló la Jefatura de Policía de Paysandú.
El Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) proporcionó información clave, estableciendo que O.A.G.A. había realizado otros embarques similares hacia locales de feria en Guichón. Los animales habían sido comercializados por un escritorio rural de la zona en varios remates, y los dispositivos de trazabilidad habían sido manipulados. Algunos animales, que figuraban como terneros de pocos meses, eran en realidad vacas de edad avanzada reportadas como robadas.
Después de varios meses de investigación, O.A.G.A. fue condenado en un juicio abreviado por un delito continuado de abigeato muy especialmente agravado, recibiendo una pena de dos años de cárcel. Este caso destaca la importancia de la trazabilidad y la cooperación entre las autoridades y los productores para combatir el abigeato y proteger los intereses de la comunidad ganadera.
