Documentos recientes revelarían que Miguel Feris Grassi -vicepresidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)- estaría involucrado en más de 54 compras directas con el Estado desde 2018, generando serias preocupaciones sobre la ética y la transparencia en gestión pública. Según informes obtenidos por Salto al Día, Feris habría utilizado su posición para gestionar estas compras bajo el mismo RUT registrado en la Dirección General Impositiva (DGI), vendiendo productos a diversas instituciones estatales. Feris, quien ingresó a la CARU respaldado por el Partido Colorado en 2020, habría sido cuestionado por presuntos conflictos de interés. Las transacciones incluirían la venta de neumáticos y otros productos a entidades como el Ministerio de Desarrollo Social y la Jefatura de Policía de Salto, entre otros.
Estas prácticas habrían levantado sospechas sobre la legalidad y la adecuación ética de su conducta, especialmente en el contexto de las normativas que regulan la participación de funcionarios públicos en contratos donde tienen interés personal.
NO RESPONDIÓ
En la jornada de ayer CAMBIO intentó comunicarse con Miguel Feris para conocer su postura y la existencia sobre estas presuntas denuncias que girarían en su contra pero no se pudo comunicar con el dirigente de la CARU.
