Por Gustavo Varela
Casi al culminar el gobierno de Luis Lacalle Pou, el gobierno saliente firmó un contrato para la construcción de una fuente alternativa de agua potable, en virtud de los contratiempos que se había tenido en la sequía, con el abastecimiento de la misma.
La fuerza en el aquel entonces, el FA, había protestado fuertemente, en virtud de que consideraba, que esa decisión debería estar en manos de quienes asumirían a los pocos días de dicha decisión, y el gobierno saliente, argumentó con referencia al mismo, que gobernaba hasta el último día, y por eso tomaba dicha decisión.
Desde mi punto de vista, ambos tenían razón.
El saliente, lo hace desde el primero hasta el último día de su período gubernamental y el entrante, con todo derecho, puede pedir que una decisión cuyos efectos afectan su próximo período, por lo menos se consensúe.
El problema se genera, cuando ninguno afloja, pues a ambos les asiste la razón.
Lo salomónico, es que el gobierno saliente decida, el entrante espere a asumir, y luego accione, contra la medida tomada.
Arazatí, es el mejor ejemplo.
El gobierno del presidente Orsi, asumió, y tomó la decisión de tirar abajo, lo que Lacalle Pou había resuelto.
Me imagino que a esta altura, el lector ya debe de vislumbrar a lo que este escriba apunta.
Si, tienen razón.
Me refiero a la polémica que se generó ésta semana, con respecto a la decisión de la administración Lima, con respecto al convenio colectivo que se genera entre gallos y medias noches.
Hagamos cuentas. Si cada funcionario designado (no monotributista), le cuesta a la intendencia de Salto entre diferentes partidas alrededor de U$S.2.500 por persona (salario, beneficios, compensaciones, aportes etc), el regalito asciende a 2.500 por 292, que son los beneficiados, lo que da la friolera de U$S.730.000 mensuales, alrededor de U$S.8.800.000 al año, y U$S.43.800.000 anuales.
Jorge Batlle decía, que Mujica le iba a entregar la banda presidencial a Vázquez, y colgada a la banda, le dejaba una granada a la cual le había sacado previamente la espoleta, cruzaría a la plaza independencia, se sentaría en un Banco y se convertiría en testigo de cómo explotaba el gobierno, todo lo cual fue verdad, si recordamos como se quejaba el pobre Dr. Vázquez.
Esta situación es muy parecida, si bien nos asaltan algunas dudas.
¿Por qué no lo hicieron durante los 10 años que fueron gobierno?
¿Por qué lo hacen el último mes que son gobierno?
¿Si ganaban la elección la hacían?
Dudas para las cuales no hay respuestas.
Así cómo el gobierno de Orsi tiró abajo lo resuelto en Arazatí, sin miramientos, ante lo cual se rasgaban las vestiduras algunos de los actores que se complotaron para lo que ocurre en Salto, el nuevo gobierno que se instalará en julio, puede derogar la resolución tomada por el gobierno que se va.
Lo que es totalmente lógico.
Después se podrá estudiar caso a caso, y resolver.
Si uno escucha atentamente el video publicado por la Intendencia de Salto, ,quienes encabezan el mismo, compañeros del Partido Comunista del Uruguay, lo que hacen es fogonear a los nuevos funcionarios a “resistir a quienes vienen a tirar a abajo los derechos conquistados”, obvio no explican que durante todos estos años los tuvieron en forma precaria, sin otorgarles permanencia, al único efecto de coaccionarlos para trabajar por la candidatura del fantasma salteño, y como consecuencia de la derrota, lo hacen el último mes, para bombardear la línea de flotación del nuevo gobierno.
Bombardean la línea de flotación del departamento, hipotecando de mantenerse dicha medida, la suerte de 120.000 personas.
Para ellos, la suerte del partido está por encima de las personas.
Una constante histórica.
La última duda que me asalta es, ¿porqué el intendente Lima no cumplió con su palabra de que los que asuman conmigo, se van conmigo, que tanto gritó a los cuatro vientos?
Creo que para esto tengo respuesta.
Es un gran farsante.
