En un contexto marcado por la debilidad del dólar, el economista Luis Romero Álvarez señaló que el país se encuentra atrapado en una dinámica insostenible, con consecuencias severas tanto para la inversión productiva como para la equidad social y la competitividad internacional.
«La madre del borrego es el déficit fiscal», afirmó e indicó que el origen del problema es claro «el Estado gasta más de lo que recauda». Según explicó el especialista en diálogo con La Hora del Campo, en radio Tabaré, para cubrir ese agujero, recurre a una ingeniería financiera compleja, que termina por encarecer el país en dólares, desalentar la producción y beneficiar solo a quienes ya disponen de capital.
Déficit fiscal persistente
Uruguay arrastra un déficit fiscal cercano al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que, si bien en el gobierno del Partido Nacional cerró levemente menor que la heredada del período previo, se sostiene en niveles preocupantes. Romero subrayó que esta situación se produce a pesar de que el gobierno anterior enfrentó tres eventos de altísimo impacto fiscal.
Al respecto señaló que Uruguay atravesó la peor sequía del siglo, la pandemia de COVID-19 y la crisis económica en Argentina, que drenó al vecino país unos 2.000 millones de dólares en gasto que, de otro modo, hubiera impulsado la actividad interna. «Entre medio se bancaron estos tres cañonazos abajo de la línea de flotación», indicó, y sostuvo que lograr mantener el déficit por debajo del heredado en ese contexto debería ser motivo de reconocimiento y no de crítica.
Sin embargo, el problema sigue latente: «el Estado necesita fondos para pagar jubilaciones, salarios y otros compromisos, y no logra financiarlos con la recaudación». Por lo tanto, indicó que la solución que adopta el gobierno «es solicitar pesos al Banco Central, que los emite y se los transfiere». Pero advirtió que estos pesos recién salidos de la máquina no pueden quedar en circulación sin disparar la inflación, por lo que el Banco Central debe retirarlos del mercado mediante la emisión de deuda interna.
El círculo vicioso
Este proceso de «esterilización» implica que el Banco Central emite letras de regulación monetaria, títulos de deuda a tasa alta, para absorber el exceso de pesos. Actualmente, «esas tasas se sitúan en el entorno del 10% anual en moneda nacional, un rendimiento inusualmente alto a nivel internacional» dijo Romero.
El costo de esta operación es significativo: 850 millones de dólares anuales, según calculó Romero. «Ese dinero se va, y no queda nada: no queda un hospital, no queda una escuela de tiempo completo, no queda un cantegril arreglado. Son cifras grandes para Uruguay», remarcó.
Como referencia, señala que con apenas 35 millones de dólares, la Intendencia de Maldonado logró realojar 500 familias del asentamiento Kennedy en viviendas dignas. «Acá tiramos 850 millones todos los años y no queda nada», enfatizó.
El incentivo perverso
Este contexto crea fuertes incentivos para que los agentes económicos se deshagan de sus dólares. Quien tiene ahorros en moneda extranjera puede venderlos, cambiar a pesos, y adquirir letras del Banco Central con una rentabilidad elevada y bajo riesgo. Como resultado, aumenta la oferta de dólares, lo que presiona a la baja su cotización.
El mismo fenómeno se reproduce con las AFAP, que administran los aportes de los trabajadores para sus futuras jubilaciones. Con altas tasas en pesos, estos fondos optan por invertir casi exclusivamente en letras del Banco Central, en lugar de diversificar en instrumentos en dólares o activos productivos. Esto refuerza aún más el atraso cambiario.
El «crowding out» de la inversión privada
Otro efecto colateral de esta política monetaria es lo que en la jerga financiera se conoce como «crowding out»: el Estado emite deuda a tasas tan atractivas que desincentiva la inversión productiva privada.
Quien tiene capital y evalúa montar una fábrica en Uruguay se enfrenta a múltiples costos: impuestos, aportes sociales, riesgos sindicales y regulaciones. Frente a eso, la opción de invertir en deuda pública luce mucho más rentable, segura y exenta de complicaciones.
«Si la rentabilidad de una fábrica es 10%, yo vendo mis dólares, compro letras, me gano el 10% sin riesgo, sin impuestos, y me dan medalla y beso de la DGI», ironizó Romero. «Y la fábrica que se iba a instalar… desapareció».
¿Quién gana y quién pierde?
Este sistema de altas tasas, que Romero definió como una «aspiradora de plata», genera una fuerte redistribución regresiva del ingreso. Beneficia a quienes tienen reservas para colocar, es decir, a los sectores de mayores ingresos, y perjudica a quienes necesitan crédito para llegar a fin de mes.
«El pobre que no llega al 25 se va a endeudar en su tarjeta, en el crédito personal. Y esas tasas son altísimas porque están alineadas con la tasa madre del Banco Central. Entonces, los ricos se llevan un premio y los pobres se ligan un castigo», resumió.
El atraso cambiario
Todo este mecanismo desemboca en un país con costos internos en dólares extremadamente altos. «Somos caros contra Nueva York, contra Londres, contra París. No hablemos de Paraguay», advirtió Romero.
Las consecuencias son múltiples: los exportadores pierden competitividad, el turismo se encarece, y la industria nacional se ve desplazada por productos importados. Uruguay termina exportando productos primarios sin valor agregado, como soja en grano, carne con hueso o troncos de madera. Las agroindustrias sobreviven porque pueden trasladar parte del sobrecosto a los productores primarios.
«Los empresarios no son haraganes. No agregan valor porque no pueden. El tipo de cambio les impide competir», sostuvo. «Empresas como Yazaki, que operaban en Uruguay con procesos industriales más complejos, cerraron y se fueron por falta de competitividad» dijo Romero.
El desafío político
Para Romero, el camino correcto es atacar el déficit fiscal de raíz. «Primero se arregla el déficit y después se baja la inflación, no al revés», plantea. Utilizó una metáfora médica para explicarlo: «La fiebre se baja con una pastilla, pero si no curás la infección, vuelve. La infección es el déficit».
En este punto, recupera palabras del fallecido exministro Danilo Astori, figura clave del Frente Amplio, quien años atrás afirmó que «sobraban entre 70.000 y 80.000 empleados públicos» cuando el total era menor a 300.000. Hoy, según Romero, hay alrededor de 314.000 funcionarios públicos, más una serie de contratos indirectos a través de ONGs, sin que nadie vuelva a mencionar el tema.
A eso se suman los 650.000 pasivos, un millón de estudiantes y menores de edad, y unos 800.000 beneficiarios de planes del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). «¿Cuánta gente queda para trabajar?», preguntó retóricamente el entrevistado.
Además, señaló un deterioro en la productividad del trabajo: «Pregúntale a un albañil cuántos metros de pared levantaba hace 30 años y cuántos levanta hoy. La respuesta es: la mitad».
Las consecuencias de no actuar
Romero es enfático: el país no puede resignarse a ser caro para siempre. «Aceptar eso nos condena a una caída lenta. A una mediocridad crónica». El principal riesgo, advirtió, es la fuga del talento joven. «Los más dinámicos, los más audaces, los que tienen más empuje, son los primeros que se van», dijo. Y con eso, Uruguay pierde músculo productivo, capacidad de innovación y futuro.
«Acá, la manera de crear una pequeña fortuna es empezar con una gran fortuna. El mérito y el esfuerzo están castigados, no premiados. Y eso la gente lo entiende», concluyó.
