El negocio por la venta de tres plantas frigoríficas uruguayas de Marfrig a Minerva ingresó en una zona de máxima tensión, con interpretaciones opuestas entre las multinacionales y una reacción inmediata de las gremiales rurales, que ven en el freno de la operación un alivio frente al riesgo de concentración de la faena. Mientras Marfrig da por caído el contrato, Minerva insiste en que la operación sigue vigente y que aguarda la decisión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), prevista para octubre.
La jornada comenzó con comunicados simultáneos de ambas compañías. Marfrig afirmó que «las condiciones suspensivas aplicables a la operación no fueron satisfechas hasta la fecha límite y, por lo tanto, el Contrato Uruguay fue resuelto de pleno derecho, no más obligando a las partes a concluir la operación». De esa manera, sostuvo que las tres plantas involucradas «continúan operando plenamente».
La visión de Minerva fue diametralmente opuesta. En su declaración, la empresa brasileña aseguró que «discrepa de la alegación de Marfrig y entiende que el contrato permanece en vigor». Recordó que la transacción «permanece sujeta a la aprobación de la autoridad de defensa de la competencia uruguaya (Coprodec)» y remarcó que la compañía «continúa plenamente comprometida en la aprobación de la Operación – Uruguay».
El acuerdo, originalmente firmado hace dos años, fijaba un precio de R$ 675 millones (unos US$ 125 millones), sujeto a ajustes. En su última propuesta a la Coprodec, Minerva había planteado un esquema de desinversión: la venta inmediata de Establecimientos Colonia al grupo indio Allana por US$ 48 millones, y la enajenación de la planta de Inaler, en San José, en un plazo de hasta 24 meses. Con esa reestructuración, la compañía pasaría a operar con cinco frigoríficos en Uruguay, sumando la planta La Caballada en Salto.
El trasfondo del desacuerdo se agrava por la relación tirante entre ambas multinacionales. La tensión escaló luego de que Minerva recusara la fusión entre Marfrig y BRF en Brasil, que dio origen a la empresa MBRF, alegando que la nueva firma tendría acceso a información sensible del mercado por compartir accionista con Minerva: el fondo saudí Salic.
Posicionamiento de las gremiales
Mientras tanto, las reacciones en el sector ganadero no tardaron en llegar. Para la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la eventual caída del negocio es un alivio. Su presidente, Rafael Ferber, afirmó que están «conformes si esto se concreta», pero aclaró que la definición final corresponde a Coprodec. «Si se venció el contrato, venció el plazo y no hay caso, estamos contentos porque paramos esta medida de concentración», sostuvo. Además, insistió en que a futuro lucharán para que «Coprodec tenga más recursos e independencia».
La Federación Rural compartió la misma línea. Su titular, Rafael Normey, señaló que «vence el plazo y se estaría dando por terminado el proceso, ya que si bien Coprodec no se expidió, lo hará con un contrato caído». Añadió que el sector «recibe con beneplácito» esta situación, aunque subrayó que es saludable que la autoridad de competencia igualmente emita un pronunciamiento, para que quede un antecedente útil para el futuro.
Desde las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), su presidente Pablo Perdomo destacó la unidad de las gremiales en este tema. «Estamos todos bajo la misma bandera de los productores. Valoramos el esfuerzo de ARU, que encabezó esta movida con un fuerte respaldo económico y técnico», expresó.
La visión de los consignatarios de ganado se sumó al coro de voces del agro. Otto Fernández Nystrom, presidente de la Asociación Consignatarios de Ganado, indicó que «si hay dos partes involucradas y al momento de la fecha límite una de las partes se baja, vemos que no hay interés y quedaría laudado el tema», aunque puntualizó que «quien puede resolverlo finalmente es la expedición de Coprodec».
Debate y Coprodrec
Más allá de la postura de los productores, el debate en torno a la concentración industrial quedó instalado. La eventual compra hubiera consolidado a Minerva como actor dominante en la faena uruguaya, con una participación estimada superior al 50%, lo que generaba fuerte preocupación en el sector por los efectos en la competencia, la formación de precios y la libertad de negociación de los productores.
La Asociación Rural, la Federación Rural, CAF y los consignatarios coinciden en que la incertidumbre no se disipará hasta que Coprodec se pronuncie formalmente, pero valoran que el paso del tiempo haya frenado la concreción automática del acuerdo. El mensaje común es claro: evitar que un solo operador concentre un volumen tan alto de la faena nacional.
De fondo, este conflicto refleja también los desafíos regulatorios de Uruguay. Coprodec, creada para velar por la competencia en los mercados, enfrenta un caso de gran relevancia estratégica en el que se juega la estructura futura de la industria frigorífica. Para los productores, el fallo no solo resolverá un contrato puntual, sino que marcará un precedente clave en la defensa de la competencia en la cadena cárnica.
Hasta mediados de octubre no habrá resolución definitiva, pero lo que ya está claro es que la discusión trasciende el marco empresarial y se ha convertido en un asunto de interés nacional, con impacto directo en la economía rural y en la sustentabilidad del principal motor exportador del país: la carne vacuna.
