En Uruguay, los beneficios fiscales orientados al sector agropecuario tienen como objetivo ser factor clave en la sostenibilidad y el crecimiento del rubro, permitiendo que miles de productores accedan a exoneraciones, créditos y deducciones que reducen su carga tributaria y fomentan la inversión en tecnologías limpias, infraestructura hídrica y mejoras productivas.
Esta política de estímulos, vigente y en evolución desde décadas atrás, aplica a productores que tributan por IMEBA o IRAE, según su escala y forma jurídica, y representa un respaldo estratégico ante los desafíos climáticos, económicos y de competitividad internacional. La Cra. Montserrat González, especialista de Ecovis Uruguay, explicó en la revista del Instituto Plan Agropecuario, el alcance de estos beneficios, que se adaptan tanto a pequeños productores como a medianas empresas agroindustriales.
Uno de los aspectos más relevantes es la distinción entre quienes tributan por IMEBA, impuesto a las enajenaciones agropecuarias, y quienes lo hacen por IRAE, que grava las rentas empresariales. Los primeros, generalmente pequeños y medianos productores que explotan hasta 1.250 hectáreas Coneat 100 y perciben ingresos anuales inferiores a 2.000.000 de Unidades Indexadas (equivalentes a unos US$ 286.000), tienen una estructura impositiva más simple.
No deben presentar declaraciones juradas ni llevar contabilidad, ya que el impuesto se recauda por retención. Sin embargo, esta modalidad no permite recuperar el IVA de compras, lo que convierte en costos ciertos rubros clave como fletes, comisiones, alimentos para el personal y repuestos.
En cambio, los contribuyentes del IRAE, ya sea por obligación o elección, pueden computar el IMEBA retenido como pago a cuenta, además de recuperar el IVA de bienes y servicios que forman parte de su producción.
Este régimen, más complejo, permite también acceder a una serie de beneficios específicos, como la deducción del 100% de ciertas inversiones como cultivos anuales, praderas permanentes y obras de riego, que se computan como gasto del ejercicio, reduciendo la renta imponible de forma inmediata. Además, gastos en genética animal, capacitación, semillas etiquetadas y seguros agrícolas pueden deducirse en un 50% adicional, impulsando la mejora tecnológica y la profesionalización del sector.
Uno de los instrumentos más potentes para quienes tributan IRAE es el régimen de promoción de inversiones previsto por la Ley 16.906, que permite exoneraciones de IRAE, patrimonio, tasas de importación e IVA, condicionado a la presentación de un proyecto ante la COMAP. El sistema se basa en una matriz de indicadores que premia a quienes generan empleo, exportan, aplican tecnologías limpias, investigan o innovan. Según los compromisos asumidos y el puntaje obtenido, las exoneraciones pueden alcanzar hasta el 100% del IRAE por un periodo de varios años. Particularmente en el sector agropecuario, se valoran las inversiones en adaptación al cambio climático, encalado de suelos, generación de energías renovables y certificaciones de procesos productivos.
Por su parte, los productores que tributan por IMEBA también cuentan con herramientas fiscales importantes. La Ley 18.747 otorga un crédito del 10% sobre inversiones destinadas a enfrentar el déficit hídrico, tales como tajamares, pozos, tanques australianos y sistemas de riego, además de la devolución del IVA incluido en esas adquisiciones. Asimismo, la Ley 18.341 permite un crédito del 12% en compras de fertilizantes fosfatados usados en la instalación o refertilización de praderas permanentes, fomentando la mejora de la calidad del suelo.
En cuanto al uso de gasoil, los productores de determinados rubros -como ganadería, lechería, arroz y horticultura- tienen derecho a un crédito automático por el IVA incluido en sus compras, según lo dispuesto en las leyes 19.595 y 19.602 del año 2018. Esta medida, de aplicación directa, busca aliviar los costos operativos del transporte y la maquinaria, elementos vitales para la eficiencia productiva en el campo.
Además, todo el sector, sin importar su régimen tributario, puede beneficiarse con el crédito fiscal del 100% sobre el impuesto municipal abonado en la venta de semovientes. Este beneficio tiene un tope de aproximadamente US$ 2.500 y puede utilizarse para cancelar obligaciones con DGI o BPS. Su implementación es sencilla: el productor sólo debe incluir su número de RUT en las guías de propiedad y tránsito del ganado.
Según la especialista Montserrat González, más allá de su aparente complejidad, muchos de estos beneficios son accesibles y altamente efectivos cuando se cuenta con asesoramiento adecuado. Invertir en riego, infraestructura o tecnología no solo se vuelve más viable desde el punto de vista financiero, sino que permite avanzar hacia un modelo productivo más sustentable y resiliente frente al cambio climático.
