Dr. Fulvio Gutiérrez
Mediante twitter, el Presidente Lacalle Pou comunicó que había decidido enviar a través de la Vicepresidente Beatriz Argimón, el proyecto de ley de urgencia a los legisladores de todos los partidos políticos, para que tuvieran tiempo para estudiarlo antes que empiecen a correr los plazos constitucionales. Finalizaba diciendo que “en unos días lo presentaremos formalmente”. En definitiva, lo que informaba el Presidente, era que el anteproyecto de ley de urgente consideración que fuera discutido dentro de la coalición “multicolor”; que durante varios días recibió los aportes de esos grupos políticos, y de organizaciones académicas y gremiales; que en forma de borrador había sido publicitado en febrero a través de la página web de Presidencia para el más amplio conocimiento público; y que había recibido algunos cambios en su articulado; ahora, ya con tales cambios, se lo entregaba a todos los legisladores de ambas Cámaras, para su conocimiento, estudio y consideración. Entrega ésta que era absolutamente informal, esto es, con carácter previo a la presentación formal al Parlamento, que se realizaría en fecha sin determinar. Como dijo el Secretario de Presidencia Dr. Alvaro Delgado, es la primera vez en su vida legislativa de 15 años, que un Poder Ejecutivo entrega en mano propia a cada legislador, un proyecto de ley para facilitar su conocimiento y estudio, antes de ser presentado formalmente al Parlamento. Gesto más democrático, imposible.
Inmediatamente el Presidente del Frente Amplio Javier Miranda, se reunió con el Presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, buscando apoyo contra dicho proyecto, porque según lo afirmó, “enviar el documento ahora afecta la calidad democrática”. Y luego, siguiendo sus inexcusables errores se preguntó con carácter afirmativo: “¿Parece razonable en la emergencia sanitaria, económica y social que estamos viviendo, enviar un proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento?”. Con estas actitudes, se deduce que el objetivo del Frente Amplio es uno solo: socavar al gobierno. Similar actitud asumió la Senadora Carolina Cosse.
Está claro que ambos no leyeron ni interpretaron correctamente lo indicado por el Presidente. El proyecto no fue enviado formalmente al Parlamento, por tanto los plazos constitucionales para este tipo de leyes, no comienzan a correr. Miranda ha demostrado reiteradamente en estos últimos días que está muy nervioso. No solo porque constata que ha perdido apoyo dentro del propio Frente Amplio (el MPP ha discrepado abiertamente con él), sino porque él y el Frente Amplio están perdiendo protagonismo político en general. El pedido público al gobierno de crear una mesa de discusión sobre las medidas de lucha contra el coronavirus Covid-19, así lo indica. El que toma esas decisiones es el gobierno, que por otra parte tiene el respaldo del 65% de la población, según las últimas encuestas.
Entonces razonemos con una lógica elemental. ¿Es que Miranda y el Frente Amplio entienden que el Parlamento debe estar detenido durante la cuarentena? Porque afirmar que le parece una pésima idea pretender convocar a reuniones de discusiones a todos los involucrados mientras continúa la cuarentena por el Covid-19, es un verdadero disparate. Las discusiones se deberán instrumentar de alguna forma, por ejemplo por teleconferencia en las Comisiones. Tal vez, ni Miranda ni sus compañeros leyeron la Constitución. Porque el Parlamento necesariamente debe funcionar siempre. Véase que dentro de casi dos meses (concretamente antes del 30 de junio), el Gobierno debe presentar la Rendición de Cuentas de 2019, y el Proyecto del Presupuesto Nacional 2020-2025. En estos últimos casos con plazos constitucionales concretos de 45 días en cada Cámara. Entonces, cuanto más se demore la presentación formal de la ley de urgencia, el Parlamento se encontrará con que los plazos de la ley de urgencia (90 días) y la de presupuesto y de la Redición de Cuentas (130 cada una), van a coincidir por lo menos en parte, apremiando a todos los legisladores a estudiar, analizar y resolver sobre los tres proyectos casi al mismo tiempo. Esto va a ser así y no tiene vueltas.
Los legisladores fueron elegidos para trabajar como tales, y saben de antemano que es un trabajo difícil, que requiere horas de estudio, que necesitan de asesoramientos varios, y que, además –aunque parezca obvio- necesariamente habrán diferencias políticas que resolver. Las hay dentro mismo de la coalición de gobierno, y dentro y con la actual oposición. Entonces, si la oposición tiene reparos, que no trate de prolongar “sine die” la presentación de la ley de urgencia, y en definitiva guarde sus fuerzas para discutirlas en su ámbito natural. Para eso los eligieron y para eso les pagan.
