Dr. Álvaro Lima
Diputado FA Salto
En la sesión de éste martes en la Cámara de Representantes, se abordó una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y que se refiere a aquellos inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias.
En concreto, se contempla exclusivamente a 10 Departamentos del país que a criterio del Ministerio de Ganadería, agricultura y pesca (MGAP), fueron declarados en emergencia agropecuaria.
El proyecto aprobado establece una reducción igual al 18% de la contribución inmobiliaria rural correspondiente al ejercicio 2020 que alcanza a propietarios, poseedores, promitentes compradores con o sin promesa inscripta y usufructuarios de predios rurales; todos ellos con fines agropecuarios.
Otro de los requisitos para estar amparado en el beneficio del descuento de pago de contribución rural correspondiente al presente año, es que se traten en todos los casos de inmuebles que no superen las 1.000 hectáreas y un índice Coneat de 100.
Los Departamentos que han sido favorecidos, según criterios definidos y resueltos por el Ministerio de Ganadería son: Colonia, San José, Florida, Canelones, Maldonado, Lavalleja, Montevideo, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo.
Claro está, que quienes ya hayan pago en forma contado el tributo a comienzo de 2020, no podrán ser beneficiados con la reducción planteada.
Cabe agregar que para tener derecho al descuento de contribución rural, dentro de los 4 meses de promulgada la ley se debe de presentar declaración jurada de los padrones afectados con su valor real correspondiente.
El beneficio del descuento será solamente por el año 2020 y en ocasión de la emergencia declarada.
Asimismo ingresó, con aprobación de la cámara de Senadores, una iniciativa que contempla los reclamos de las diferentes asociaciones de abogados/as del país incluido Salto, respecto a las dificultades laborales por la que atraviesan los profesionales del derecho que ejercen en forma independiente o liberal.
Como es sabido, está vigente hasta el 30 de abril de 2020 la feria judicial extraordinaria debido a la emergencia sanitaria del coronavirus que ha suspendido los plazos procesales y legales así como la tramitación de la mayoría los asuntos en vía jurisdiccional.
El derecho al trabajo de profesionales del derecho está afectado y en síntesis se aprobó que tras el levantamiento de la feria especial, se puedan asegurar las modalidades de teletrabajo, fortalecer las vías digitales para la tramitación, fijar guardias de trabajo mínimas que aseguren el funcionamiento de los juzgados y fiscalías evitando las aglomeraciones en oficinas y estrados.
El Colegio de Abogados del Uruguay aportó insumos en la búsqueda de paliar la afectación del trabajo de miles de abogados.
Por ser abogado comprendo muy bien la problemática, si bien es cierto que desde hace tres años aproximadamente no ejerzo en forma independiente ni liberal la profesión, no realizo tramitaciones judiciales ni en vía administrativa debido a mis ocupaciones de carácter políticas, de asesoría de gestión y otras particulares.
En mérito a estas circunstancias y al hecho de que no existen incompatibilidades con el reglamento de Cámara de Representantes, acompañé con mi voto favorable y con esperanza de que la actividad de justicia vuelva a normalizarse.
