sábado 13 de abril, 2024
  • 8 am

La defensa siempre es legítima

Leonardo Vinci
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Leonardo Vinci

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Por Leonardo Vinci.
El Proyecto de Urgente Consideración (LUC) ha incluido en su primer artículo una modificación al Código Penal, relacionada con la legítima defensa.
Apoyamos calurosamente la iniciativa.“Era necesario que el Parlamento asumiera la necesidad de actuar en ese sentido.
En tiempos recientes, nosotros hemos tomado partido por la “Teoría del Castillo”, conocida en Estados Unidos con la denominación Stand Your Ground, y que fue aplicada por primera vez en el estado de Florida en el 2007.
Un columnista del Diario peruano “El Comercio” ha dicho sobre el particular que “El avance incontenible de la delincuencia, asaltando a mano armada hogares, restaurantes y demás establecimientos comerciales, debería ser enfrentado con todos los medios al alcance de una democracia. Y uno de ellos bien puede ser modernizando nuestra vetusta y clásica figura existente en el Código Penal. Para que una víctima pueda ser eximida de responsabilidad, al recibir el ataque de un malhechor que resulta muerto por la defensa que ejerce la propia víctima, deberá invocarse la legítima defensa. La misma está sujeta al cumplimiento de ciertos condicionantes: que la agresión sea ilegítima, que exista una necesidad racional del medio empleado para impedirla, así como la falta de provocación del que se defiende».
La doctrina Del Castillo va más allá, ya que exceptúa de responsabilidad penal y civil a quien sufre la violación de su domicilio (o centro de trabajo y hasta de su vehículo) por un intruso que ilegítimamente ha invadido tal propiedad. Una acción sobre la que la ley debe indefectiblemente presumir ha sido decidida con la intención de robar, matar, violar o provocar un daño grave premeditado, siendo que el delincuente invasor puede ser repelido con un arma letal por parte del ocupante legal.
En Puerto Rico, meses atrás, fue convertido en ley un proyecto que da paso a que las personas tomen acciones para defenderse contra cualquier individuo que invada su propiedad, incluyendo matar.
Así lo reveló el Presidente del Senado, Thomas Rivera: “La familia puertorriqueña, la gente honrada y decente tendrá una protección adicional en su hogar, en su área de trabajo y mientras se transporta en sus vehículos. Ya es ley la ‘Doctrina del Castillo’. Ahora tenemos una herramienta útil para protegernos y proteger a nuestros seres queridos”.
El proyecto aprobado, conocido como “Legítima Defensa” amplía la definición de morada a “cualquier espacio íntimo donde se desarrolla la unidad familiar y permite el descanso, relajación y disfrute de momentos de vulnerabilidad inherentes a la dignidad humana”.
No incurre en responsabilidad penal quien defiende su persona, su morada, sus bienes o derechos, o la persona, morada, bienes o derechos de otros en circunstancias que hicieren creer razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa y que no se inflinja más daño que el necesario para repeler o evitar el daño», dice la medida aprobada.
El Presidente de una asociación que defiende a los poseedores de armas en Puerto Rico dijo que “La nueva ley cambia las presunciones en favor de quien se defiende. Si usted le puso seguro a la puerta de su hogar y ve que alguien la está forzando, puede estar seguro que no viene a tomar café. Actualmente, si una persona mata a un criminal que invadió su morada, la Policía, en vez de ir en favor de la víctima, le cae encima al ciudadano decente que salvó su vida y la de su familia con un arma en legítima defensa. Esa época llegó a su fin”, manifestó.
En nuestro país, el capítulo sobre la “Seguridad Pública” propuesto en la LUC por el Poder Ejecutivo, ha levantado voces críticas, sobre todo, provenientes de algunos de los anteriores gobernantes del Frente Amplio.“Han sido cuestionados especialmente aquellos artículos que guardan semejanza con la “Teoría del Castillo”.
Ocurre que hasta hace pocos meses, existía la nefasta inclinación de conceder mayor preeminencia a supuestos derechos humanos del delincuente.
Esperemos que en Uruguay, esa época también haya terminado.