Una almacenera del barrio donde está instalada la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Reclusión (INR) – ex- carcel departamental – , fue detenida el martes por personal del INR cuando pretendía ingresar dos tipos de drogas dentro de un paquete de galletitas, con destino a uno de los reclusos alojados allí. En el operativo también fue detenida una de las operadoras carcelarias que trabaja en el recinto quien también era parte de la operación de ingreso de las drogas al local.
9 PIEDRAS DE
PASTA BASE
La directora del centro de reclusión, María de los Ángeles Machado, dijo a CAMBIO que hace tres mese comenzaron a trabajar en una investigación, en conjunto con la unidad de investigaciones de la Jefatura de Salto, para determinar cuál era el proceso de ingreso de sustancias a la cárcel, debido a que a pesar de que se habían agudizado los protocolos de revisoría de todas maneras se encontraban drogas, teléfonos y dinero y elementos prohibidos dentro del recinto
El pasado martes la almacenera pretendió ingresar el paquete de galletitas surtidas, conteniendo la droga, en un hecho que resultó sospechoso, motivo por el cual los funcionarios procedieron a realizar la inspeccion que descubrió la droga. Inmediatamente se aisló al recluso a quien iba destinada la droga, quien en octubre quedaría libre, pero ante estos hechos terminó reprocesado por tres años más, La fiscalía determinó la detención de la comerciante y a raíz de las incautación del teléfono del recluso, se encontraron mensajes de texto con la funcionaria, a quien el miércoles de mañana fue detenida en un operativo que incluyó el allanamiento de su casa.
Según Machado, la droga que pretendieron ingresar eran 9 piedras de pasta base, lo que equivale a 70 gramos y 2000 chasquis, la que venía con una cobertura de unos 80 gramos de Marihuana.
Como resultado del trabajo de la Justicia, ayer jueves el recluso fue recondenado a tres años de penitenciaría, la almacenera fue condena por un año, mientras que la funcionaria del Instituto terminó condenada a dieciocho meses de prisión efectiva y 2 años de libertad vigilada.
