Por Leonardo Vinci.
En 1980, en medio del miedo y la incertidumbre, el pueblo uruguayo fue llamado a expresarse en las urnas, que habían estado cerradas a cal y canto por diez años.
El gobierno militar -en el que había algunos civiles- elaboró un proyecto de reforma constitucional por el cual, militarizaba el país. Sólo el diario «La Mañana» publicó una vez su texto. Lo poco que se sabía surgía de las «pautas» dadas originalmente.
En una brevísima primavera, el régimen permitió un debate televisivo en un canal montevideano. Los doctores Enrique Tarigo y Pons Etcheverry destrozaron al ministro Bolentini y al consejero de estado Viana Reyes.
En dicho programa Tarigo dijo «… yo tengo muchos amigos, pero a ninguno
de ellos le doy un cheque en blanco para cobrar dentro de unos meses…»
La aprobación de la reforma constitucional traía aparejada la aceptación de todo lo que el régimen dictase en los meses futuros.
La suerte del plebiscito en Montevideo estaba echada desde ese día.
Tanto Jorge Batlle como Julio María Sanguinetti (ambos proscriptos) se pronunciaron públicamente por el NO. Uno lo hizo a través de declaraciones a una radio capitalina y el otro en una columna publicada en Diario» El Día» bajo el título «Hasta noviembre un NO».
Proscripta la cúpula dirigente colorada, el Profesor Tarigo fundó el semanario «Opinar» y salió a recorrer el norte del país. Muy poca gente asistió a sus conferencias. Una mañana lluviosa, tras hablar en Paysandú, una treintena de parroquianos asistió al cine Metropol de Salto y presenció su magistral conferencia. La Radio Cultural se encargaría del resto. Tarigo contaba que, años después, se encontró con un ciudadano en Montevideo que le dijo «podría repetirle párrafos enteros de su discurso en Salto, porque lo escuché innumerable cantidad de veces por CW 23».
El proyecto prohibía las huelgas a los funcionarios públicos, los que podían ser destituídos sin garantías en esos días. 10.000 ciudadanos habían perdido sus empleos durante el período de facto debido al acto institucional que habilitaba dichos despidos.
Se creaba un Tribunal Político que juzgaría la conducta de todos aquellos electos por el pueblo.
Un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los comandantes militares y el Presidente, actuaría preceptivamente en todo lo relativo a la «seguridad», cuando en realidad, toda la vida pública iba a ser considerada «seguridad nacional».
Quedaban aprobados todos los actos de gobierno adoptados desde 1973, por lo que las proscripciones a los ciudadanos y las prohibiciones a los partidos ya no estarían sustentadas por las bayonetas, sino por las urnas.
El pueblo uruguayo, dando una prueba de dignidad cívica única en el mundo dijo NO e hirió de muerte a la dictadura militar.
Sus días estaban contados. El nuevo cronograma incluyó la realización de elecciones internas, que fueron ganadas ampliamente por los sectores opositores mientras los partidos de izquierda seguían proscriptos.
Una tercera valla fue franqueada con elegancia el último domingo de noviembre de 1983 cuando un río de Libertad asistió al acto ideado por el Dr. Jorge Batlle: «Por un Uruguay sin exclusiones».
El largo camino finalizó un año después.
