En junio de 2010 se creó por decreto presidencial la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA), que, como indica su nombre, tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de las medidas alternativas o sustitutivas a la cárcel dispuestas por la Justicia; depende del Ministerio del Interior.
FALTA DE RECURSOS
La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) sigue con los mismos funcionarios en el 2020. Los funcionarios dicen que no tienen recursos económicos, hojas de impresora, tampoco móviles para hacer las gestiones ante los juzgados, en la ciudad de Salto hay dos funcionarias, en la de Artigas solamente una, no tiene oficina y si falta por algún motivo de salud o licencia la oficina queda cerrada. Los funcionarios de la OSLA, tienen como objetivo contralor a quienes fueron procesados con medidas sustitutivas a la prisión. La fuente consultada por CAMBIO dijo que los funcionarios tienen temor y no quieren brindar declaraciones, pero aseguró que son trabajadores que le proporcionan mucha dedicación y capacidad de trabajo a la oficina, en Salto hay aproximadamente 300 personas supervisadas por la OSLA, si bien en nuestra ciudad cuentan con un móvil de la unidad 20, los insumos son escasos y proporcionados por dicha oficina, no les provee la oficina de supervisión de Libertad Asistida
REALIDAD COMPLEJA
Según lo manifestado en su momento por el fiscal de corte Jorge Díaz, en su visita a Artigas, señaló que continúa siendo una única funcionaria para todo el departamento que atiende a 150 personas, tiene el juzgado de 1º y 4º turno y los dos de Bella Unión. Las tareas comunitarias de las personas con libertad asistida, tratamiento psicológico y / o psiquiátrico, Alcohólicos Anónimos y el Dispositivo Ciudadela, también tiene que coordinar y confeccionar las planillas de cumplimiento y llevarlas a la institución que corresponda según sus antecedentes y perfil. Díaz manifestó también que en los departamentos de Salto y Artigas hay solamente un oficial.
3 MIL EN TODO EL PAÍS
En la actualidad en todo el país la OSLA trabaja con aproximadamente 3.000 personas que recibieron penas alternativas a la prisión, la mayoría por violaciones a la ley de faltas. También se profundizó el número de criminales que son derivados producto del nuevo CPP, que permite a la defensa del delincuente negociar con la Fiscalía penas alternativas a la prisión. Las penas alternativas son tareas comunitarias acordadas con otras reparticiones públicas. No hay experiencia con el sector privado, también se pretende abarcar otro tipo de tareas, que no sean solamente las tradicionales de barrido y limpieza.
PROYECTO TRUNCO
Según información proporcionada a CAMBIO se hicieron gestiones con el anterior jefe de policía de Salto Oldemar Avero y el Centro Comercial de Salto para que las personas formalizadas con medidas sustitutas a la cárcel realizaran tareas comunitarias en instituciones privadas, pero la iniciativa no prosperó.
