Por la Dra. y Esc. Alejandra Altamiranda
Para el estudio SIGNORELLI&ALTAMIRANDA
El Mundo se ha venido diseñando históricamente bajo un patrón netamente masculino, sin tener en cuenta a las mujeres. Varón, caucásico y de algo más de 70 kilos de peso y de entre 25 y 30 años de edad, o sea, un varón medio.
Ese es el modelo que predomina en el diseño y creación de productos y servicios. Veamos.
Que los baños tengan el mismo espacio sin considerar que a las mujeres les demanda más del doble del tiempo, que en materia de seguridad de los automóviles se utilicen prototipos masculinos (maniquíes, “dummy”), pero sin tener en cuenta la fisonomía ni la densidad ósea ni la distribución de la masa corporal o cervical de las mujeres (al igual que con los chalecos de seguridad), los pianos están diseñados en base a formas y estructuras masculinas, entre tantos ejemplos, es consecuencia de eso.
En el mundo del trabajo los ejemplos son interminables.
Ese prototipo genera lo que Simone de Beauvoir refería como la “otredad” con que se concibe a la mujer, a la que se ignora casi por completo en el diseño de productos y servicios, con excepción obviamente de aquellos de uso exclusiva o prioritariamente femenino.
Afirma Caroline Criado en su obra “La mujer invisible”, que esto no obedece a una discriminación intencional, “sino que es fruto de una brecha de datos, que responde simplemente a una forma de pensar que ha existido durante milenios y que es más bien una forma de no pensar, puesto que a los hombres se los da por supuestos”.
Nos resistimos a pensar que varones padres, hijos, nietos, hermanos y amigos, deliberadamente obvien a las mujeres o los guíe la discriminación o la violencia, menos aún en los términos que lo describen nuestras leyes (entre tantas, 16.045, 17.817 y 19.580).
La presión de los grupos se ha dirigido a promover cambios en las legislaciones tomando esas diferencias y transformándolas en dispositivos de protección desde una perspectiva feminista.
A saber: como normas que tienen por objeto garantizar a las mujeres el efectivo derecho al goce a una vida libre de violencia basada en el género a través de políticas integrales de protección, abordaje, atención, protección y reparación, la ley 19.580 sobre “Violencia sobre las mujeres basadas en el género” (a lo que cabe agregar un proyecto de ley de violencia digital), la ley de cupos de ingresos a la Administración pública; estabilidad laboral de la mujer víctima de violencia de género; ayudas a madres adolescentes para continuar sus estudios, Trabajo Doméstico (mano de obra básicamente femenina), la extensión de la licencia maternal, la prohibición de hacer un test de embarazo en un proceso de selección de personal, entre otras tantas.
Desde la protesta se han abierto las puertas a la visibilización de un sinfín de grupos o “´nuevos grupos”, que han recogido los postulados y/o reconocido reclamos en defensa de los derechos de las mujeres. A las “históricas”, mujeres mayores que acompañan la lucha por los derechos de las mujeres desde hace décadas, se les suma hoy la efervescencia feminista.
Expresaba las razones por las que concurrió una activista a la marcha: “para apoyar los reclamos de las mujeres en una sociedad absolutamente patriarcal, discriminatoria, opresiva e injusta”.
Tomamos distancia de estos planteos. La aludida discriminación no puede atribuirse al “hombre” (por lo menos, no en exclusividad), sino que debe analizarse en contexto, lo que abarca y compromete a la sociedad toda.
Polarizar situaciones, en las que se coloca al hombre como único responsable (al que incluso se le prohíbe apoyar participando), no es de buena técnica ni práctica si la aspiración es alcanzar un “equilibrio”, pues lo único que ha generado es una natural polarización y antagonismo.
Lamentablemente ese fue el mensaje que parece haber prevalecido el 8 de marzo.
