Ec. Joaquin Forrisi
Para Estudio Signorelli&Altamiranda
Las últimas semanas han confluido algunas noticias de especial importancia para los profesionales activos que realizan aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, entidad que realizará elecciones el próximo 20 de octubre y en donde se juega parte importante del futuro de la institución.
Cabe destacar algunas particularidades de la CJPPU respecto a los otros sistemas de seguridad social. Los afiliados a este sistema realizan aportes sobre un ingreso ficto y este representa el 16,5% de los ingresos, mientras que por ejemplo en BPS, el sistema mayoritario, es el 22,5% del ingreso realmente percibido. Además, la CJPPU paga jubilaciones relativamente altas a los quintiles más bajo que los otros subsistemas, mientras que paga jubilaciones más bajas los quintiles más altos. Otra característica es que el 83% de los jubilados por este sistema paraestatal reciben ingresos pasivos de otro organismo de seguridad social.
El pasado miércoles 13 de octubre el Diario El País publicó la solicitud de asistencia financiera al Poder Ejecutivo superior a los U$S 100 millones de dólares, con el fin de cubrir sus déficits operativos.
En los estudios actuariales a los que refiere la nota, los que aún no son públicos, sedestacan en una serie de reformas que implican un incremento de un 20% en los aportes en forma permanente y un 5% en forma transitoria, además de considerar los pagos del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) los jubilados de la CJPPU cómo ingresos de la institución.
De aplicarse esas medidas, se retrasarían 11 años que el patrimonio neto se vuelva negativo. Otros estudios, cómo las proyecciones del CESS, muestran que la Caja quedaría con un patrimonio neto negativo entre 2028 y 2033. En ambos casos, más tarde o más temprano, la CJPPU tiende a una situación de convergencia hacia un patrimonio neto negativo.
En 2020 los ingresos operativos fueron de $ 12.330 millones mientras que los egresos operativos $ 13.770 millones. Los ingresos por aportes de afiliados en ese año ascendieron a $ 8.000 millones mientras que los pagos de jubilaciones fueron de $ 10.791 millones y $ 2.582 millones por pensiones, o sea, el ingreso de los activos representa el 60% de los egresos por jubilaciones, que es el egreso por el que él está aportando para obtener ese derecho en un futuro.
Para revertir la situación a largo plazo que tenga por objetivo la sostenibilidad, se deben implementar medidas antipáticas. Parte de la solución podría situarse en incrementar los aportes de los activos, sin embargo, esto generará el incentivo a tratar de evitar los aportes al sistema, por lo que el resultado neto entre incremento de aportes e incremento de evasión podría tener un efecto negativo. La alternativa de afectar a los pasivos tiene costos políticos y, por qué no, éticos, por lo que sería de las medidas menos probables, aunque de mayor impacto.
También existe un problema de diseño. Los Directivos de la son electos en instancias electorales, como por ejemplo la del próximo 20 de octubre, por lo que deberán presentar a el electorado adoptar medidas que con seguridad no tengan rédito electoral. Otro potencial problema es que para varios agentes se goza de una suerte de “seguro implícito” por parte del Gobierno Central ante el posible default. Es difícil pensar en Uruguay, ante un sistema que para muchos es obligatorio, el Gobierno no solo se ocupe de su reestructura sino de financiar ante una eventual de insolvencia.
Los profesionales, principalmente los jóvenes activos, definen el futuro de su jubilación en las próximas elecciones. La reestructura es ineludible, puede ser a conciencia en forma programada o la realidad obligará a realizarla en forma intempestiva.
