Dr. Fulvio Gutiérrez
Aristóteles define a la demagogia como la corrupción de la república. Las promesas que suelen realizar los políticos al pueblo que gobiernan, son habitualmente criticadas como demagógicas cuando aparecen como irrealizables, ya sea porque están fuera de la competencia natural que el político tiene, o porque aún estando dentro de esa competencia, son materialmente imposibles de cumplir. Esto es básico, para complementarlo con un principio fundamental de Derecho Público que establece que los organismos del Estado solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Como derivación de este principio, todos los titulares de cargos públicos, ante cualquier duda sobre su competencia, lo que deben hacer es analizar si lo que pretender concretar está o no previsto como una de sus competencias. Si está, entonces pueden actuar, de lo contrario deben abstenerse de hacerlo.
Cuando hace unos días leía unas declaraciones del Intendente Lima, constaté una vez más, que pese a la jerarquía de su cargo y a su condición de Abogado, no tenía presente ese principio. Ya en su anterior mandato, había hecho una serie de puntualizaciones generales sobre el dragado del río Uruguay, la construcción de un canal de navegación para facilitar el transporte fluvial de aguas arriba hacia aguas debajo de la represa de Salto Grande, y sobre mejoras en el aeropuerto de Nueva Hespérides. Ninguna de esas tareas es competencia de los Gobiernos Departamentales. Ahora afirma que “desde el origen de un proyecto de renovación del Aeropuerto Internacional de Salto, ha estado nuestro gobierno departamental”, agregando luego una síntesis de las obras que según él se deberán realizar a tales efectos (transporte de carga y pasajeros), las que comenzarían en enero del próximo año, quedando operativas en el transcurso de ese año. Agregó que “esta renovación del Aeropuerto se enmarca en un plan de infraestructura departamental”, por lo cual, al lector desprevenido o no conocedor de las competencias de un Intendente, le da la sensación de que todas esas obras serán iniciativa departamental.
Esto no es así, porque todo lo referido a aeropuertos está dentro de la competencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto los Gobiernos Departamentales no tienen competencia en aeropuertos. Se me podrá decir que las declaraciones del Intendente Lima, son consideraciones políticas como tantas que puede hacer un Intendente. Puede ser. Pero si no se aclaran los “tantos”, parece que lo que se pretende es saludar con sombrero ajeno, y eso, recordando a Aristóteles, es sencillamente una conducta claramente demagógica.
Lo que ocurrió fue lo siguiente: La empresa Puerta del Sur, filial uruguaya del grupo Corporación América, suscribió un acuerdo con el gobierno nacional para ampliar por 20 años la concesión del aeropuerto de Carrasco —vencía en 2033 y ahora se extiende hasta 2053—, pero además la empresa asume, de forma directa y sin llamado a interesados, la gestión de seis aeropuertos del interior (entre ellos el aeropuerto de Salto), con el compromiso de invertir unos 67 millones de dólares en infraestructura. Todo ello dentro de las previsiones de la Ley No. ley 19.925 que creó el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Se trata entonces, de un proyecto del gobierno nacional, en el cual no tiene injerencia el Gobierno Departamental de Salto. Pretender “subirse al carro” como hacedor de lo que no puede jurídicamente hacer, es simplemente una actitud demagógica. Y eso no es políticamente correcto.
