viernes 26 de abril, 2024
  • 8 am

ALGO NO CUADRA

La Policía ha exigido prácticamente que las penas a los clubes cuyos hinchas provocan incidentes sean drásticas. En esa línea han fallado los tribunales de la Liga Salteña de Fútbol, con multas grandes a las instituciones.
En las últimas dos semanas cayeron sanciones para Santa Rosa, Salto Nuevo, Ceibal y River Plate, y aún no hubo resoluciones con respecto a Saladero y Sud América, que finalizaron su encuentro de la segunda fecha con pedreas y rotura de automóviles y ómnibus.
Las penas, que oscilan en el orden de los 40.000 pesos y que además incluyen inhabilitación de sus escenarios o de los derechos de socios para sus parciales, apuntan directamente a debilitar las finanzas como medio para erradicar la violencia. La Liga cumplió al pie de la letra y con ello le ingresará una recaudación extra.
¿Más allá de responsabilidades o no de las instituciones en cada foco de violencia, corresponde dirigir sanciones económicas de esa magnitud? ¿No estarán alejándose de la realidad? Quizás no y después de un tiempo se concluya que estaban en el camino acertado
Se suele comparar que sanciones «ejemplares» generan el efecto deseado en otros ámbitos, pero también es cierto que la violencia no es exclusiva del fútbol y que están pagando los clubes por un flagelo inserto en todos lados.
Esta sospecha de injusticia se agrava si, como denuncia Sud América, los mismos que piden severidad en las penas y cobran por otorgar seguridad y prever problemas, no evitan incidentes por no prever.
Cuarenta mil pesos y pérdida de derechos para sus hinchas a Santa Rosa, que acaba de salvarse del descenso. Hubiera sido mejor que directamente se decretara su descenso a la ‘C’ pero permitir que el club pueda afrontar los gastos básicos de mantenimiento para poder sobrevivir.
Las sanciones económicas solo van a tener como resultado ingresos inesperados para la Liga. Pero no van a solucionar nada. La mayoría de los clubes no cuenta con el personal adecuado para evitar incidentes y encima le caen sanciones de decenas de miles de pesos. La Policía decide en qué canchas se juega, cuánto se gasta en seguridad, pero no consigue evitar la violencia y pagan los clubes. Algo no cuadra y urge la autocrítica conjunta para asumir responsabilidades y tomar decisiones conjuntas. Esta semana hubo una reunión y quizás un primer buen indicio. Freddy Aguirrezábal