La Organización de la Prensa del Interior (OPI) – gremial patronal que agrupa a la prensa escrita del Interior del país – denuncia por este medio la grave situación que afecta a casi 90 empresas de prensa escrita y a las aproximadamente 1.000 fuentes de trabajo que éstas sostienen, a causa de la implementación de los cambios en el Art. 89 del Código General del Proceso, referido a la publicación de edictos judiciales, introducidos por la Ley Nº 19.090.
La notificación por edictos judiciales cumple la función fundamental de dar a publicidad los actos jurídicos, previniendo de esta forma la ocurrencia de actos ilegítimos o incluso ilegales, atentando contra las garantías procesales que son el fundamento del Estado de derecho.
El hecho de que estos edictos se publiquen únicamente en plataformas web, priva a los ciudadanos comunes del conocimiento de actos jurídicos que pueden ser de su interés y atenta contra el principio de igualdad, ya que no toda la ciudadanía tiene acceso a las herramientas informáticas. La publicación de los edictos en plataformas web como la del Poder Judicial, equivale a que los mismos no tengan en los hechos ninguna difusión, con los importantes riesgos que esto genera para los ciudadanos.
A los puntos anteriormente mencionados se agrega – y no es menos relevante – el hecho de que ya existe una web oficial en la cual se deben realizar las publicaciones y con esta modificación, se introduce una adicional que hace que el Estado tenga en los hechos el monopolio de las publicaciones judiciales.
Por todo lo expuesto, la Organización de la Prensa del Interior reclama la modificación del Art. 89 del Código General del Proceso, volviendo a la redacción original dada por la Ley Nº 15.982.
Las garantías procesales constituyen la base de nuestro Estado de derecho y no pueden ni deben ponerse en riesgo con la excusa de la modernización, ni como forma de dotar de recursos a políticas públicas, por más legítimas que éstas puedan ser.
Daniel Mesa (Secretario)
Alejandro Olmedo (Presidente)
