Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
La seguidilla de ocupaciones de liceos, locales de UTU, de magisterio y del Instituto de Profesores Artigas, así como algunos centros de enseñanza del interior, en verdad causa repugnancia. Se trata de una estrategia orquestada por una parte minoritaria de la dirigencia sindical más radical de nuestra izquierda vernácula, que contó, al principio, con la actitud pasiva de los jerarcas de la enseñanza, quienes pretendían dialogar y buscar consensos en la proyectada reforma de la enseñanza. Pero la dirigencia sindical abusó de sus pretendidos derechos, al punto tal que el Consejo de Enseñanza Secundaria dispuso impedir las ocupaciones. Entonces la reacción fue desmedida y fascista, lo que quedó en evidencia cuando el Presidente de la ANEP Prof. Robert Silva concurrió a un encuentro “Cara a Cara” con los vecinos del barrio del Cerro en Montevideo. Lo estaban esperando, y con una violencia inusitada, pretendieron ingresar por la fuerza a un salón que ya estaba lleno de gente, practicaron la política del patoterismo y del “bochinche” para dificultar el acto. Cuando Robert Silva se retiraba con grandes dificultades, apedrearon la camioneta y un descerebrado rompió algunos de sus vidrios con un termo.
Lo más triste de todo, fue cuando un periodista de un canal de televisión entrevistó a varios jóvenes que allí estaban, y todos sin excepción, no sabían a qué habían ido ni tenían intenciones de participar del acto. Eran parte de una masa juvenil no pensante, que es manejada a su antojo por sindicalistas profesionales, que sin ningún tipo de escrúpulo practican el violentismo como forma de lucha sindical. Recordé aquellos tristes años de los 60, cuando otros violentistas, tan inescrupulosos como los de ahora, llevaron sus acciones a tales extremos, que obtuvieron lo que en verdad buscaban; un mártir. En verdad obtuvieron varios mártires. No quiero que eso vuelva a repetirse. Bajo ningún concepto y por ninguna circunstancia. Quiero sí un estado fuerte, que actúe dentro de la Constitución y la Ley, que no se salga de esos límites, y que defienda a nuestro sistema de gobierno, porque es el sistema que el pueblo uruguayo eligió tener.
La actitud que el sindicalismo radical ha tomado como medio de acción, es ilegal. Peligrosamente va camino a un estado de violencia que a mi juicio, ya ingresó en la categoría de “asonada”, similar a la ocupación que hace unos años, otros grupos violentistas hicieron en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Varios de ellos terminaron procesados.
Les guste o no a estos sindicalistas violentos, en nuestro país el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de esos establecimientos a ingresar a las instalaciones libremente. Todo esto respaldado por un procedimiento pacífico, muy claro y preciso, en cuanto a la forma de lograr la desocupación de los establecimientos cuando fueran ilegalmente ocupados, porque la ocupación, no es una extensión del derecho de huelga. Más aún, esta normativa contó con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo.
Uruguay es, pese a quien pese, un estado de Derecho. Se rige por normas que regulan la conducta de todos sus habitantes. Cada uno en su ámbito físico, laboral, social, económico, cultural, etc., y todos basados en el principio esencial de toda democracia, que establece que la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad de los demás. ¡Que nadie lo olvide!
