Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
Uruguay hoy se encuentra en “Emergencia agropecuaria”, por una sequía extrema o severa que afecta a todo su territorio, y que se manifiesta en una crisis hídrica que comenzó en el mes de octubre de 2022 y que se extiende hasta el presente. La calificación de esa emergencia por parte del gobierno, supone una situación derivada de eventos climáticos extremos, que originan pérdidas económicas no recuperables en el ejercicio agropecuario y que afectan decisivamente la viabilidad de la producción del país.
Ver diariamente los informativos mostrando los campos uruguayos con sus aguadas totalmente secas, apareciendo un fondo terroso rajado, animales enflaquecidos buscando pasto para comer y algún ojo de agua disperso por ahí para saciar su sed natural, o productores que en forma desesperada alimentan a sus animales alcanzándoles agua en un balde, es algo muy triste. Hay productores que no tienen agua ni siquiera para higienizarse o preparar sus alimentos, y que se están acostumbrando a recorrer sus campos para constatar cuantos animales murieron cada día. Es cierto que el gobierno ha dispuesto una serie de medidas urgentes para colaborar con esos productores, ya sea llevándoles agua directamente a sus establecimientos, prorrogando los vencimientos de aportes o tributos, ofreciéndoles créditos blandos para colaborar con quienes ya no tienen ningún ingreso para mantener su familia, entre otras cosas. Y eso está bien. Pero algo no ha funcionado bien desde hace muchos años, porque esas medidas urgentes tal vez no hubieran sido necesarias si esos productores hubieran previsto reforzar sus aguadas y el gobierno de turno, por su parte, hubiera puesto a su disposición y con tiempo, la ayuda que ahora se pretende proporcionar a la ligera. Analizando con lógica y razonamiento, Uruguay tiene que tener una “política del agua”. Normas jurídicas tiene, sobre todo luego que en el año 2004 se reformó el art. 47 de la Constitución de la República, estableciéndose que “el agua es un recurso natural esencial para la vida”, considerándolo como un derecho humano fundamental. Se pretendió cumplir a nivel del derecho interno con las previsiones establecidas a nivel de Derecho Internacional y eso también está bien. Es decir, las previsiones están, pero como dice aquel refrán español, hechos son amores, y no buenas razones. Analicemos.
Sabemos que Uruguay está encima del denominado Acuífero Guaraní, gigantesco reservorio natural de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que constituye una de las mayores reservas de agua dulce conocidas del planeta Tierra. Es decir, agua no nos puede faltar. Sin embargo, hoy nadie se acuerda del Acuífero Guaraní, y nuestra gente de campo mira desde el portón de su casa, un campo seco, con pasto amarillo y quebradizo, y donde había alguna zanja, cañada o incluso arroyo, hoy queda un pozo con un barro duro y quebrado.
Eso no debió pasar. Pero pasó y está pasando. Pero no puede volver a pasar. Este gobierno debe hacer lo que no se ha hecho en décadas; esto es, cumplir a con la legislación vigente y favorecer la construcción de aguadas suficientes en cada campo, de acuerdo al volumen de ganado que tenga y a las necesidades agrícolas que se requieran. En los campos no pueden faltar tajamares y pozos, y para ello el gobierno debe disponer los recursos financieros y económicos necesarios con plazos largos, intereses bajos, con períodos de gracia de algunos meses que deben obviamente estar vinculados a la producción de cada campo. Y esto tiene que ser ya. Porque nadie domina el clima, y a veces ni siquiera se dominan las previsiones. Sin olvidar que OSE debe rectificar su tarea de gestión y recuperar lo antes posible el 50% del agua potable que pierde por roturas no reparadas. Esa será la forma de proteger el derecho fundamental del agua, y hacer quela Constitución no sea un “librito” para mostrar, sino una norma superior para actuar en la pura realidad. Como debe ser.
