Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
Después de consultar con el profesor de Derecho Constitucional, Dr. José Korzeniak, la Mesa Representativa del PIT/CNT, decidió iniciar la recolección de firmas para poner en marcha el procedimiento de reforma de la Constitución por “iniciativa popular”, previsto en el Literal A) del art. 331 de la Constitución. La iniciativa pretende la derogación de tres disposiciones aprobadas en la ley que modificó la Seguridad Social, que serían: fijar el tope de edad para jubilarse en 60 años; establecer como monto mínimo de jubilación una suma no inferior a un Salario Mínimo Nacional; y eliminar las AFAP. Más allá de que personalmente no comparto la razón de fondo de la iniciativa, la misma tiene una serie de imprecisiones y dudas que, a mi juicio la hacen inoportuna e inconveniente. Analicemos.
La propuesta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, fue aprobada por una “mayoría” muy especial, de 16 votos a favor, 14 votos en contra y hubo 14 abstenciones. Es decir que el apoyo expreso a la iniciativa fue de 16 votos contra 28 que, o se opusieron o se abstuvieron. Claramente la iniciativa empezó mal.
Al Frente Amplio se le creó un “problemón”, dada su obvia y evidente cercanía política con el PIT/CNT, que ahora lo obliga expedirse sobre si apoya o no apoya semejante iniciativa. Se sabe que el MPP no la comparte, y que tampoco la comparten el grupo “Concordancia Seregnista y Progresista” (Asamblea Uruguay, Renovación y Plataforma), ni la Vertiente Artiguista, lo que no es poca cosa. El propio José Mujica, con su muy particular estilo, dijo que aceptar la iniciativa reformista del PIT/CNT, “es como afeitarse con un hacha”; y otros dirigentes afines, advirtieron del peligro que significa la reforma en cuanto “va a desenfocar el eje del debate electoral”. Es decir, el Frente Amplio puede perder la elección al crear un nuevo motivo de crítica política en su contra, lo que ya ha creado una división en su interna.
El Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para salir del paso en esta difícil situación expresó, con toda lógica, que hay que esperar el “contenido específico de la papeleta” que establecerá la reforma, es decir la redacción clara y precisa sobre que se va a proponer a la consideración de la ciudadanía. Incluso ya había adelantado, tarde y mal, su opinión de crear un amplio diálogo social a partir de marzo de 2025. Siempre me pregunté por qué no lo hicieron antes, porque la reforma de la seguridad social insumió dos años de discusión.
Es decir, está claro que la iniciativa de reformar una ley se seguridad social por la vía de una reforma constitucional, no es racional, ni oportuna ni conveniente. Veamos.
La reforma que se sugiere, requiere la firma del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional (unos 270.000 votos), presentando un proyecto articulado(con seis meses de anticipación a la elección) que se elevará al Presidente de la Asamblea General, “debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata”. Pero si eso ocurre, la Constitución autoriza a la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras, a presentar un proyecto alternativo con tres meses de anticipación, que se someterá a la decisión plebiscitaria junto a la iniciativa popular.
Es decir, puede caber la posibilidad que sean dos los proyectos y no uno, y eso va en contra de los intereses del Frente Amplio.
Dicho esto, sin perjuicio de recordar que, como principio general no se puede incluir en una Constitución cualquier tema que exceda la estructura, organización y funcionamiento del Estado, y la protección de los derechos humanos.
Lo demás, debe quedar dentro de la esfera legislativa. Como lo señaló el Senador Mario Bergara, la iniciativa parte de un error conceptual, y es que “no corresponde colocar en la Constitución cosas específicas”. Por otra parte, si hipotéticamente la reforma se aprobara, se deberá reglamentar por ley que pasa con los actos jurídicos y pagos ya hechos en base a la ley reformada, como harán los jubilados para devolver dineros cobrados que ahora son ilegítimos, a quien se remitirán los millones de dólares que hoy tienen las AFAP en base a aportes legítimos dispuestos por la ley reformada, y un sinfín de detalles más que deberá analizarse muy precisamente. No exagero si afirmo que la aprobación de la reforma creará un caos jurídico y económico difícil de solucionar. Mi opinión es, no votar la reforma proyectada por una parte de la izquierda local.
