El aborto en Uruguay se legalizó hace más de una década y el balance general que se hace de la situación en el país es positivo: reducción de las muertes maternas, mayores estrategias para evitar los embarazos no deseados, y la garantía de abortar en un marco legal y seguro por la sola decisión de la mujer. Sin embargo, son varias las disposiciones de la ley que están pendientes de ajustes, incluidas algunas que constituyen barreras en el acceso.
ABORTOS
De acuerdo a las cifras que se manejan en Uruguay, por año se realizan 10 mil IVE, (Interrupciones Voluntarias al Embarazo), una cifra alarmante de la cantidad de abortos legales por mes. Desde que se instauró el IVE en el país, la cifra de abortos fue subiendo a tal punto que las últimas mediciones indican que fueron 10 mil las mujeres que concretaron su aspiración de abortar. Los colectivos católicos y próvida, siguen sosteniendo que se respete el derecho a la vida y que la despenalización del aborto sea un aspecto a rever en el Parlamento Nacional, tomando en cuenta que se trata de un acto que interrumpe la vida de un ser humano.
En toda América Latina, hay mujeres que defiende su derecho a decidir sobre su cuerpo, lo cual es un aspecto restable, pero se considera que cuando están embarazadas no solo es “su” cuerpo, sino también está en juego la vida del niño que crece en su vientre y que también es objeto de derecho.
DE OBJECIONES Y DENUNCIAS
Según arroja un relevamiento del Observatorio de MYSU, tres hospitales públicos del país -los de las capitales departamentales de Colonia (suroeste), Soriano (suroeste) y Cerro Largo (este)-, cuentan con un 100 % de médicos objetores de conciencia, una realidad preocupante. Los médicos pueden actuar en una parte del proceso y objetar en otras, para los colectivos hace falta revisar el “límite” de este tipo de objeciones cuando, remarca, se trata de un servicio de salud.
