La diputada Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) presentó un proyecto de ley relativo a la “responsabilidad de los centros educativos en materia de acoso escolar” que los obliga a dar cumplimiento al protocolo de actuación para la prevención, detección e intervención respecto a los casos de maltrato físico, psicológico o social que se sucedan entre sus alumnos como formas de bullying.
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA
Uno de los puntos centrales de la iniciativa, refiere a la “responsabilidad subsidiaria” del centro educativo y su obligación de reparar el daño que sufran las personas bajo su dependencia. La víctima podrá así accionar por la vía civil en reclamo del daño ocasionado, hasta cuatro años después del producido el caso de acoso. La iniciativa, pretende que se aplique la ley vigente, aprobada en 2013, otorgando “mayores garantías de protección” a niños y adolescentes ante una conducta que “provoca estragos” no solo entre los que la sufren sino en todos los que participan en ella. También apunta que el ser víctima de acoso escolar tiene consecuencias a nivel psicológico, como baja autoestima, tristeza o ideas de muerte, asociado con bajo rendimiento a nivel académico.
ESTADÍSTICAS ALARMANTES
Las estadísticas sobre el impacto de este flagelo en Uruguay son “alarmantes”. Citando distintos trabajos que en los últimos años han procurado abordar la problemática, subraya que entre uno y tres de cada diez alumnos que asisten a instituciones educativas en Uruguay sufrieron este tipo de situaciones, al menos una vez.
