Por Cecilia Eguiluz
La necesidad de reestructurar las deudas de las personas físicas viene siendo un planteo que, desde que se inició esta legislatura, viene haciendo Cabildo Abierto. Para ello presentó un proyecto de ley hace tres años, que luego de ser aprobado en Comisión del Senado, naufragó en el plenario por no contar con el voto de los partidos tradicionales, o sea del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio.
Actualmente en Uruguay, más de un millón de personas están en el Clearing y 700 mil compatriotas son considerados deudores irrecuperables por lo que ya están fuera del sistema formal de créditos. Si bien muchas financieras igualmente le prestan a ese universo, las tasas de interés a las que acceden son aún más altas que las que ya se cobran para quienes tienen menores riesgos de repago.
A lo largo de estos tres años Cabildo Abierto intentó encontrar una solución legislativa a este problema que es, sin duda, uno de los más grandes que tiene nuestro país. El sobreendeudamiento familiar implica que la mitad de la población activa está endeudada sin poder reestructurar y por consiguiente, pagar su deuda.
Es necesario cambiar las reglas de juego, porque uno de los principales motivos del sobreendeudamiento proviene de los altos intereses que se permiten cobrar en nuestro país, lo que implica una violación a nuestra propia carta magna.
La Constitución de la República, en su artículo 52, dice claramente: “Prohíbese la Usura”, esa prohibición hoy es texto muerto, porque se permite cobrar por ejemplo 200% de intereses moratorios y 120% de intereses compensatorios a lo que se suma la capitalización de los intereses. La flexibilidad jurídica y administrativa permitida entre otros por el Banco Central del Uruguay es únicamente en favor del acreedor, tirando por tierra la prohibición constitucional en los hechos.
No ha habido voluntad política de cambiar esto, si bien los actuales legisladores reconocen que existe un problema, les ha faltado decisión política para solucionarlo. El Senador Guido Manini Ríos, el mismo día en que los demás partidos votaban “encajonar” el proyecto de reestructuración de adeudos, anunció que de ser necesario se iría a recoger firmas para ir a plebiscito.
Por ese motivo estamos hoy juntando firmas, porque no hubo voluntad política, porque el Estado uruguayo decidió mirar para el costado diciendo que era un problema entre privados y porque es necesario poner límites legales máximos a las tasas de interés, para cumplir a cabalidad con la Constitución. Es justo que en un país donde la inflación no llega a dos dígitos, como pasa en Uruguay, se limite el interés máximo.
Si la mayoría de los partidos políticos y sus representantes no van a cambiar la realidad, podemos cambiarla los “ciudadanos de pie” con una firma ahora y con un voto al plebiscito en octubre del año que viene, porque como dijo nuestro prócer Don José Gervasio Artigas “Nada tenemos que esperar sino de nosotros mismos”.
