Por Pablo Vela
Cuando hace ya cerca de dos años, el diputado Gustavo Zubía alertaba sobre el caos que se avecinaba dentro de la Fiscalía General de la Nación nadie lo escuchó; peor aún, cuando alertaba que el recientemente aprobado nuevo Código del Proceso Penal había creado más perjuicio para las víctimas que soluciones, lo dejaron hablando solo, como decimos comúnmente.
Pero no se rindió, buscó algún aliado al menos, comenzó a mostrar y demostrar lo que decía y le sumó el ingreso de proyectos de ley para intentar remediar los errores que se habían ocasionado con la normativa procesal penal recientemente aprobada por idea e impulso del ex Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz.
Los recientes escándalos en los que se ve envuelta la Fiscalía General de la Nación, sumado a los resultados de algunos procesos que nos vamos enterando por la prensa que son apenas una muestra de la enorme cantidad de casos que terminan en situaciones al menos dudosas respecto a lo que deberíamos considerar como “justicia”, vuelven a demostrar que el Diputado Gustavo Zubía estaba en lo cierto.
Y no es cuestión de criticar a los funcionarios de Fiscalía, por el contrario, la gran mayoría hace hasta un esfuerzo sobrehumano para poder estar a la altura de lo que esperamos de una “pata” tan importante y necesaria para la República.
La infraestructura creada por el nuevo Código del Proceso Penal generó un aumento de tareas y obligaciones imposibles de poder ejercerse en una sola persona, de la mano de un crecimiento abrupto de poder, concentrado en esa misma sola persona, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Dr. Juan Gómez.
En éste sentido el perfil que la página web de fiscalía pública respecto al rol del Fiscal de Corte expresa que será “Contribuir, desde el ámbito de su competencia, en la construcción de una política de seguridad pública, garantizando la eficiente y eficaz ejecución de una política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos, faltas y la protección y atención de víctimas y testigos. Dirigir y coordinar la actuación de las fiscalías en materia penal, civil, adolescentes infractores, violencia doméstica y aduana, procurando un eficiente y eficaz desempeño de las mismas. Desempeñar la competencia que la Constitución de la República y las leyes asignan al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Dirigir, coordinar, planificar y controlar las actividades de las Unidades Organizativas de la Fiscalía General de la Nación”. Mucho por hacer y mucho poder para ser manejado por una persona. Las conclusiones sobre si el Dr. Gómez viene cumpliendo parecen ser obvias.
En ese sentido el proyecto de reestructura de la Fiscalía presentado por el diputado Gustavo Zubía duerme aún en algún cajón del Parlamento. Proyecto que nace de los más de 30 años de ejercicio como fiscal, de tratar con víctimas y victimarios.
Hoy vemos fiscales desbordados, filtraciones de elementos de prueba con carácter reservado que pueden terminar entorpeciendo las investigaciones, fiscales sumariados por actuar ajustados a Derecho y fiscales actuando, en casos de gran relevancia pública, de manera poco profesional pero allegados al hombre de mayor poder dentro de Fiscalía (Dr. Juan Gómez) y del creador de lo que hoy sufrimos como país (Dr. Jorge Díaz).
El que avisa no traiciona dice el dicho y el diputado Zubía avisó.
