La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande acordó el pasado 5 de diciembre con el gremio de funcionarios un incremento salarial nominal de 3 % por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que está por fuera de los lineamientos del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometió a revisarlo el 13 de diciembre, ante el planteo de diputados del Frente Amplio (FA) y la queja de legisladores de la coalición oficialista. Seis días después, la comisión dejó sin efecto el acuerdo. La reacción sindical llegó cuando la Asociación de Trabajadores del Uruguay en Salto Grande denunció el incumplimiento del pacto firmado por ambas partes y refrendado en una resolución y anunció que evalúa iniciar medidas.
MEDIDAS
Según informó El País, Cancillería informó en comisión que el acuerdo involucra a 250 funcionarios del sector uruguayo de la comisión binacional, incluidos algunos de los cuestionados por la Cámara de Representantes por ingresar de forma directa por cuota política. La respuesta del gremio llegó en una carta entregada el 8 de enero a la CTM en la que denunció la resolución del 19 de diciembre. Expresó su esperanza de que la situación denunciada sea resuelta en el plenario de CTM a realizarse este 17 del presente mes, y advirtió: “Si esto no fuera así, nos declararemos de manera inmediata en asamblea permanente e iniciaremos las medidas que nuestros afiliados consideren pertinentes”.
RENUNCIAS
Dos meses antes de la firma del acuerdo, el 3 de octubre, el entonces canciller Francisco Bustillo había sido interpelado por el FA en Diputados. En esa instancia, la cámara baja solicitó la renuncia de la delegación uruguaya en CTM de Salto Grande y el cese de todos los funcionarios designados de forma directa y “discrecional” desde el 23 de abril del 2020. El 13 de diciembre se hizo una puesta a punto de los avances sobre el cese de los funcionarios que ingresaron por designación directa, y advirtió sobre la complejidad del asunto por las características del vínculo laboral.
