miércoles 29 de mayo, 2024
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IVE: el 94% finalizó procedimiento y un 6% continuó con su embarazo

Este año se cumplen 12 años de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Según profesionales del área los números desmienten los pronósticos de que la ley generaría un aumento desproporcionado de los abortos en Uruguay. La ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, entró en vigencia a fines de 2012 y se trata de una de las legislaciones más relevantes de los últimos años en nuestro país. Obliga al Ministro de Salud Pública (MSP) a llevar un registro estadístico de consultas y procedimientos.
MÁS DE 100 MIL CONSULTAS
El informe disponible sobre IVE, entre 2013 – 2022 indica que de las 101.671 mujeres embarazadas que consultaron en ese período, 94% finalizó el procedimiento y 6% continuó con el embarazo, porcentajes que al analizar año por año tienen mínimas variaciones. Todas las mujeres uruguayas que cursen un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, pueden interrumpir el embarazo. También pueden hacerlo las migrantes, pero aquí hay excepciones, como cumplir un año de residencia en el país. También tienen derecho si el embarazo es fruto de una violación ocurrida en Uruguay. La ley sobre interrupción voluntaria del embarazo garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana, promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.

REQUISITOS
La ley establece requisitos: plazo de hasta 12 semanas de gestación, una primer consulta, donde se pone al médico en conocimiento de la situación derivando a la paciente al equipo integrado por ginecólogo, psiquiatra y asistente social, período de reflexión mínimo de 5 días si se confirma la voluntad se inmediato se coordina el procedimiento. Contempla además, si el embarazo supone grave riesgo para la salud de la mujer, malformaciones incompatibles con la vida o cuando el embarazo resulte de violación acreditada con denuncia judicial. Acá el plazo se amplía hasta las 14 semanas de gestación.