Por Andrés Torterola
Vecinos del barrio Caballero, que habían sido beneficiados con fondos del presupuesto participativo, deberán abandonar el proyecto previsto, ya que la Intendencia habría destinado el predio donde se encuentra la plaza y donde se construirán viviendas. La presunta entrega de un espacio púbico del barrio Caballero, en una zona densamente poblada habría sido otorgada por parte de la Intendencia y aparentemente en esta autorización se habría violentado la reglamentación vigente.
ANTE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
El tema fue presentado en la Junta Departamental por el edil del Partido Nacional, Dr. Enzo Molina, quien fundamentó su posición citando la normativa vigente. Según esto, los espacios públicos deben diseñarse en una escala adecuada, conforme a las densidades de población previstas, y su ubicación debe garantizar la accesibilidad universal. Además, estos espacios deben ser integradores, contemplando las necesidades específicas de personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, entre otras. Ignorar esta normativa, que posee jerarquía superior, constituye una transgresión a través del decreto aprobado en el plenario de la Junta Departamental.
ÚNICO ESPACIO VERDE
Molina dijo que destinar este predio a la construcción de viviendas significa dejar a los vecinos del barrio Caballero sin ese espacio recreativo, pero además argumentó que los habitantes del lugar habían planificado mejoras, habiéndose postulado y ganado los aportes otorgados por el Presupuesto Participativo. El curul dijo que su intervención es a favor de los vecinos del barrio Caballero, ya que es el único espacio verde en esa zona, el más cercano es en el barrio “La Amarilla” donde también la intendencia ha permitido la ocupación irregular en dicha zona.
REVOCAR EL DECRETO
Dijo que otro hecho relevante es que no existe autorización alguna para construir en el padrón que se desafectó del uso público. Desde el mes de abril del año 2023 hay inactividad total de los supuestos interesados, por lo tanto, Molina sugirió que corresponde que se revoque el decreto que transgrede las normas de ordenamiento territorial por un nuevo decreto de la Junta Departamental que tiene plena potestad. Indicó además que, de mantenerse este criterio, los ciudadanos de Salto se enfrentarán a una realidad inevitable: la progresiva pérdida de espacios destinados a la recreación y actividades lúdicas. Estos lugares, esenciales para el esparcimiento, la integración comunitaria y el bienestar general, podrían ser asignados para la construcción de viviendas, lo que generaría un impacto negativo en la calidad de vida, reduciendo las áreas verdes y los puntos de encuentro para las familias y vecinos de la ciudad.
MARCHA ATRÁS
Por su parte los residentes en el barrio se reunieron en el lugar y denunciaron que “se enteraron que esos terrenos fueron cedidos para que se hicieran nuevas cooperativas, pero ese terreno es del barrio, es de nosotros, no es justo que nos lo saquen ahora, sobre todo cuando se votó y se aprobó el proyecto para que acá se hiciera una placita pública para nuestros niños”, explicaron. Ahora exigen respuestas a las autoridades con el fin de que den marcha atrás con este tema.
