Un grupo de investigadores de la Universidad de la República estudió la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y concluyó que es necesario hacerle modificaciones. Plantean que no se debería aplicar el delito de aborto consentido si no se garantiza que todas las mujeres del país tienen acceso a la atención.
ESTUDIO
Una investigación del Grupo de Estudios en Política Criminal, que integra la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar), hizo un relevamiento de todas las sentencias penales dictadas en el país, vinculadas a la denominada ley del aborto desde noviembre del 2017 a diciembre del 2021. En este período hubo dos sentencias de condena. A partir de este estudio se consideró que si el sistema de salud no asegura que todas las mujeres puedan acceder a interrumpir su embarazo no se justifica que se aplique el delito previsto en el Código Penal.
PERÍODO DE REFLEXIÓN
El estudio también se refirió al período de cinco días de reflexión que establece la ley. Varias investigaciones elaboradas desde las ciencias sociales o desde estudios sanitarios muestran que alrededor del 95% de las mujeres que concurren a las consultas con el equipo interdisciplinario ratifican su voluntad de continuar con el proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Esto quiere decir que es un requisito inútil.
