En el marco de la "Encuesta Agrícola - Invierno 2025", la Dirección de Información y Estadísticas Agropecuarias (DIEA), realizó un relevamiento sobre el uso de bioinsumos en la agricultura.
El relevamiento, realizado en junio y con una muestra representativa del universo de explotaciones, muestra que el conocimiento de los bioinsumos es elevado y que su adopción ya alcanza una proporción relevante de los productores.
Del total de explotaciones agrícolas encuestadas, el 76% declaró conocer o haber oído hablar de los bioinsumos, mientras que el 18% afirmó desconocerlos y un 6% no respondió.
En cuanto a la utilización efectiva, el 66% de las explotaciones reportó haber usado algún bioinsumo en los últimos dos años, lo que sitúa a la adopción en un nivel medio-alto para una tecnología todavía en proceso de consolidación comercial y técnica.
Los inoculantes aparecen como la puerta de entrada más habitual al segmento: el 47,8% de quienes usaron bioinsumos aplicaron exclusivamente inoculantes, y otro 25,4% combinó inoculantes con bioestimulantes.
Los bioestimulantes ocupan el segundo lugar en la frecuencia de uso, con 20,1% de menciones en forma exclusiva, mientras que los bioplaguicidas se mantienen residuales en la práctica de campo. Estos patrones muestran una concentración del mercado en productos vinculados a la fijación biológica y al estímulo del crecimiento, más que en alternativas de control fitosanitario.
La extensión del uso es relevante en términos de superficie: según la encuesta, se aplicaron bioinsumos en 759.238 hectáreas. La soja concentra la mayor parte del área intervenida, con 508.988 ha, seguida por trigo con 75.984 ha, colza con 56.616 ha, cebada con 51.649 ha y maíz con 46.980 ha.
Cultivos como sorgo y mezclas de leguminosas ocupan participaciones más modestas, pero la presencia en múltiples cadenas sugiere estrategias de manejo integradas por parte de muchos productores.
Entre quienes no incorporaron bioinsumos, la falta de información fue el motivo declarado con mayor frecuencia, señalado por el 40% de los no usuarios; apenas el 8% mencionó el aumento de costos como la razón principal, mientras que un 52% consignó "otros motivos", categoría que la encuesta invita a investigar con mayor profundidad.
Esa distribución indica que las barreras al despliegue no se concentran esencialmente en la dimensión económica, sino en déficits de extensión, capacitación y evidencia local reproducible.
