El clientelismo y la corrupción: el precio de un terreno

Por Cecilia Eguiluz
La denuncia contra el exintendente de Salto, Andrés Lima, por presunto clientelismo político y abuso de funciones es alarmante. No solo por la gravedad de los hechos, sino porque confirma que la corrupción sigue siendo una sombra en nuestra democracia. La entrega de terrenos municipales a dirigentes políticos vinculados al Frente Amplio, como señala el edil Facundo Marziotte, es una afrenta a la transparencia y un abuso contra los más vulnerables.
Las pruebas con que cuenta la oposición, incluiría resoluciones de la intendencia firmadas, audios filtrados y agrupaciones políticas cuyos representantes son las mismas personas que representan a las cooperativas de vivienda. Todo lo cual evidencia un patrón de conducta preocupante, condicionando el acceso a la vivienda, un derecho fundamental, a la militancia política partidaria. Es decir, se juega con la desesperación de las personas para obtener rédito político, transformando la necesidad en una herramienta de control, utilizando los recursos públicos como moneda de cambio electoral.
Si estas acusaciones se confirman, no estaremos ante un caso aislado, sino ante una estructura clientelar que usa recursos del Estado para mantener el poder. Esto plantea preguntas inquietantes: ¿cuántos más habrán aceptado militar no por convicción, sino por la promesa de un techo o de un contrato chatarra? ¿Cuántos ciudadanos han sido obligados a someterse a un sistema que los usa y luego los descarta? ¿Es esta una forma de violencia a la cual nos estamos acostumbrando?
El audio filtrado donde una dirigente afirmaba que «Andrés apretó a todos» es clave en este rompecabezas de impunidad. Estas palabras reflejan la presión ejercida sobre personas que, en lugar de recibir apoyo del Estado sin condiciones, fueron sometidas a un chantaje político. No podemos permitir que esta práctica se normalice ni que quede impune, es correcto que la ciudadanía y sus representantes exijan explicaciones. No se trata solo de un intendente o de su sector político, sino de la salud de nuestra democracia y de la confianza en las instituciones.
Este escándalo nos obliga a reflexionar sobre el verdadero propósito de la política. ¿Debe estar al servicio del pueblo o del beneficio de unos pocos? La respuesta es clara: la política debe servir a todos los ciudadanos con equidad y transparencia. Quien abusa del poder no merece el cargo que ostenta. Y quien calla ante estos atropellos es cómplice de un sistema que se alimenta de la desesperación de los ciudadanos.
Más allá del partido o la ideología, o de que puedan existir hechos con apariencia delictiva, lo que está en juego aquí es el respeto por los valores democráticos y la ética en la gestión pública. Si permitimos que la corrupción y el clientelismo avancen disfrazados de solidaridad, estaremos debilitando los cimientos de nuestra sociedad y condenando a las futuras generaciones a un país donde la política se reduce a intercambios de favores en lugar de servir al bien común. Es imprescindible exigir transparencia en este asunto y rechazar el uso del Estado como botín político.