Dr. Fulvio Gutiérrez
La pasada semana, el siempre tranquilo paisaje periodístico de semana de turismo se vio interrumpido cuando, en el programa “La pecera”, que dirige el periodista Ignacio Álvarez en radio Azul FM, se hizo público que la Ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, era la propietaria de un terreno de 1.500 mts. cuadrados en el barrio Piedras Blancas, de Montevideo, en el cual hace años construyó, entre otras cosas, cuatro casas, sin cumplir con declararlas ante los organismos correspondientes del Estado. En concreto, la propiedad figura y sigue figurando actualmente como terreno baldío, con una deuda de impuesto de Contribución inmobiliaria, con una deuda de los aportes al BPS por las construcciones realizadas, y el impuesto de Primaria, salvo dos cuotas por $89, pagadas hace ya largo tiempo.
Ese mismo día, la secretaria de Estado manifestó en dicho programa, que “nunca” regularizó su vivienda, que la fue construyendo por su cuenta hace muchos años, y que tampoco ha pagado los impuestos correspondientes por edificar y realizar mejoras en su predio, ya que sus hijos viven en varias viviendas construidas en el mismo padrón. Y, al ser preguntada al respecto, sostuvo enfáticamente que no pensaba renunciar.
En días posteriores, cuando ya el escándalo público era muy fuerte y en crecimiento, mientras organizaba un tour mediático por las viviendas irregularmente construidas en su propiedad, realizó otras declaraciones, parte de las cuales dedicó a victimizarse sosteniendo que en su vida había tenido otras prioridades y otra parte a sostener que había hablado telefónicamente con el presidente Orsi, el cual la respaldaba y le aconsejó que pusiera todo lo adeudado en regla. A su vez diversas versiones venidas desde el entorno del presidente aseguraban que el mismo “se iba a tomar unos días para analizar el caso y decidir al respecto”.
A pesar de tratarse de una situación de extrema gravedad, los días fueron pasando en una inexplicable pasividad, con una Ministra que seguía en su raid mediático auto justificatorio, y un presidente ausente disfrutando de la paz turística de la Estancia de Anchorena.
Cuando calificamos la situación como de extrema gravedad sin duda no exageramos ni un ápice. La Sra. Cairo jamás debió haber sido designada, ni aceptado asumir la Cartera de Vivienda con una situación de evasión contumaz de sus obligaciones tributarias generada, precisamente, en el incumplimiento del pago del Impuesto a Primaria, los aportes al BPS y DGI por la realización de construcciones y el pago de Contribución Inmobiliaria por esa propiedad. Y que haya pretendido asimilar su situación con la de otros uruguayos que realmente tienen dificultades de pago fruto de la escasez de sus ingresos, suena grotesco cuando no una burla, proviniendo de alguien que ha tenido altos ingresos originados en el desempeño de cargos públicos que pagamos todos los habitantes del país con el aporte de nuestros impuestos, que nosotros sí pagamos.
Mientras tanto desde el Frente Amplio salían declaraciones a cuál más absurda, como la de su presidente, Fernando Pereira, diciendo que la ministra debía renunciar pero que el presidente no debía aceptársela, o del inefable senador Caggiani, tratando de justificar lo injustificable. Pero, como la ciudadanía piensa (aunque algunos crean que no), se empezaron a sentir fuertes críticas expresadas a través de las redes sociales. La gente se preguntaba por qué el Frente Amplio se empecina en designar a los más inadecuados para el desempeño de los cargos en que son nombrados. Como ejemplo, y siguiendo con vivienda, poner al ex Intendente Andrés Lima en la presidencia de MEVIR, luego de sus desastrosos antecedentes en esta materia en nuestro departamento, donde incluso hay una muy fundamentada denuncia penal. ¿Por qué realizan estas designaciones que son una bofetada a todos los habitantes honestos que luchan diariamente por alcanzar su vivienda propia?.
Y el clamor, que sordamente el FA se empecinaba durante días en no oír, fue tan fuerte que la ministra no tuvo más remedio que, luego de una lucha fallida, presentar su renuncia. Sin duda demasiado tarde como para impedir que la ciudadanía les cuestione, con razón, el slogan: “Que gobierne la honestidad”.
