Por Pablo Perna
Un abogado muchas veces se enfrenta con clientes difíciles, pero está en la altura profesional dominar la situación y controlar los exabruptos que por desconocimiento puedan cometer sus defendidos. Lo que empeora una situación jurídica es cuando el abogado se mimetiza con su cliente, el cual desconoce el derecho y vocifera incoherencias pensando que tiene la razón. Esto pareciera que le ha sucedido a la abogada de Consultorio Jurídico de la Universidad de la República- Sede Montevideo, Dra. Soledad Suárez, que defiende a Romina Celeste Pappaso quien fuera -y esto lo elogiamos- la primera denunciante contra el Senador Gustavo Penadés por abusar de menores.
El abogado defensor del profesor que oficiaría presumiblemente de coordinar los encuentros de los menores con Penadés, Dr Juan Carlos Fernández Lecchini, prestigioso penalista y ex juez penal, solicita a la Fiscal tener acceso a toda la carpeta investigativa, que son los documentos donde constan las denuncias y todas las actuaciones realizadas por la Fiscal a los efectos de hacerse un juicio de valor sobre el particular. La misma se le es exhibida pero los nombres de los denunciantes son borrados. El abogado amparándose en el derecho de defender a su cliente exige a la Fiscal que las personas que realizan la denuncia les sean exhibidas, en virtud que materialmente es imposible articular una correcta defensa si no se tiene conocimiento de la persona que denuncia.
En este contexto Papasso publica en su red social Twitter en relación al abogado defensor Fernández Lecchini: “¿qué quieres llamarlos para amenazarlos? … ojo con meterte con las victimas payaso, que ya me contaron la clase de basura que sos”. Afianzan sus palabras las declaraciones de su propia abogada defensora: “¿Por qué quiere acceder al nombre de los menores? Es una pregunta, que cada quien saque sus conclusiones”.
Ante este señalamiento hacia el Dr. Fernández Lecchini, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emite un comunicado en defensa enfática de los derechos que tenemos todos los abogados de defender legítimamente a nuestros clientes, el cual compartimos. Sostiene: “estas graves actitudes” de Suárez “son aún más reprochables al tratarse de una docente que invoca la representación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar, de la cual la mayoría de los abogados de nuestra asociación egresó, siendo preocupante que se esté transmitiendo a los alumnos ese tipo de conceptos y modelo de comportamiento indebido, incompatible con el adecuado derecho de defensa; “no puede patrocinar personas que de manera pública agravien a abogados de la forma como lo ha hecho”.
En suma, este juicio llevara más tiempo que los 18 meses que le quedan en el cargo al senador Penadés, motivo por el cual lo que vendrá de aquí en más será un circo mediático político opinando legisladores si votan o no el desafuero. Para los tiempos legales 18 meses son ínfimos por lo que el desafuero en el expediente será algo anecdótico. La verdad de los hechos es que el Senador no volverá a tener fueros parlamentarios en la próxima legislatura y lo peor es que con desafuero o sin él, a los 18 meses la formalización en estos tipos de delitos será inevitablemente la cárcel.
Un Senador como Penadés que afirmaba sonriendo socarronamente: “que el poder cansa únicamente para el que no lo tiene”, ahora experimenta en carne propia que aun teniendo el “poder” no solamente “cansa”, sino también que otras veces “mata”.
