Por Cecilia Eguiluz
En estos días, entre carnavales y la asunción del Presidente, ocurrió en Salto un hecho que no puede pasar desapercibido: la censura de la bancada frenteamplista en la Junta Departamental ante la solicitud de investigar las presuntas irregularidades en la Dirección de Tránsito.
El accionar del Ejecutivo y Legislativo departamental en manos del Frente Amplio desata un escándalo que involucra a exdirectores y punteros del intendente Lima. La denuncia sobre la entrega de licencias sin los debidos controles compromete la seguridad vial y expone la falta de transparencia en la gestión municipal. La investigación constató irregularidades que derivaron en sumarios administrativos. Todo esto ante el silencio del Ejecutivo, una estrategia para “matar” el tema, frente a las exigencias de respuestas de la oposición.
La Junta Departamental tuvo la oportunidad de habilitar una Comisión Investigadora para esclarecer si hubo maniobras irregulares y el grado de responsabilidad de los políticos cercanos a Lima. Sin embargo, la mayoría frenteamplista bloqueó la propuesta. ¿Por qué? ¿A quién protegen?
El Frente Amplio en Salto parece haber adoptado una estrategia: obstaculizar cualquier intento de esclarecer la verdad. Con el argumento de que no existen elementos suficientes, los ediles oficialistas se negaron a permitir una investigación más profunda. La Intendencia confirmó que hubo irregularidades, pues no se habrían abierto sumarios administrativos. Más de 800 fojas del expediente pasaron a la Fiscalía. ¿No es esto suficiente para justificar una investigación de la Junta?
La Intendencia demoró en llevar a cabo su investigación interna, que no incluyó a Albarenque y Guarino, responsables jerárquicos designados por Lima. Estos jerarcas renunciaron al inicio de la investigación, cortando el hilo por lo más delgado: los funcionarios. Además, la Intendencia elevó la investigación a Fiscalía hace seis meses sin informar a la Junta.
Merece un capítulo aparte el tono de la sesión, que llegó a insultos discriminatorios y agraviantes. En ningún caso se deben permitir, ni por los pares ni por la mesa frenteamplista. El insulto es la clara representación de la falta de argumentos y no puede usarse para desviar la atención de los problemas locales.
La pregunta es clara: si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto esfuerzo para frenar la investigación? La negativa del Frente Amplio a permitir una Comisión Investigadora alimenta la sospecha de que hay algo más detrás de este escándalo.
La ciudadanía merece respuestas. El manejo de la Junta Departamental es una señal alarmante de cómo se priorizan los intereses políticos sobre el deber de transparencia. Mientras los ediles del Frente Amplio celebran su triunfo nacional, los salteños quedan sin respuestas sobre un tema que afecta su seguridad y confianza en las instituciones.
Hoy, constatadas las irregularidades, iniciados los sumarios a los funcionarios, enviados los antecedentes a la justicia y exonerados políticamente los jerarcas, “la pelota pasa a Fiscalía”, que con criterio técnico investigará si hubo hechos con apariencia delictiva. Esperemos las noticias.
