Por Andrés Torterola
Gianella Aloise, Dina Boyadji y Viviana De Luca, investigadoras de temas relacionados con la promoción y defensa de la vida desde la concepción y familia, coautoras del libro ¿Qué nos está dejando la ley de aborto?, en comunicación con CAMBIO, se refirieron a las recientes declaraciones realizadas por el Subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, en el programa 970 Noticias de Radio Universal.
AMPLIAR PLAZO LEGAL
Consultado sobre la posibilidad de ampliar el plazo legal para abortar, Briozzo señaló que cuando se detectan malformaciones fetales alrededor de las 12, 13 o 14 semanas de gestación, se genera una situación de gran angustia para la mujer y su familia. En esos casos, si deciden interrumpir el embarazo, no cuentan con cobertura legal. Por este motivo, consideró necesario extender el plazo permitido para abortar, aunque no precisó cuántas semanas más deberían contemplarse. Es decir, matarlo, porque el niño por nacer “puede” tener alteraciones.
QUIEN NACE Y QUIEN NO
Indicaron que ojalá el Subsecretario de Salud Pública tuviera presente la carta que, en su momento, la Asociación Down del Uruguay envió a una exsenadora que pretendía impulsar una propuesta similar. Bastan solo dos párrafos de aquella carta, sólidos y contundentes, para evidenciar que este tema no admite una postura contraria: “El aborto en razón de la discapacidad viola el propósito y objeto del Tratado, vulnera la prohibición de discriminación por motivo de discapacidad establecida en la convención, contradice los principios generales que orientan su interpretación y aplicación, y atenta contra el derecho a la vida de las personas con discapacidad, reconocido en dicha convención”. Este pronunciamiento hace referencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, tratado al que Uruguay adhirió, comprometiéndose a respetar todos sus principios y derechos.
FIN DEL CRECIMIENTO
Como bien afirman Parens y Asch en un artículo emblemático, las decisiones de los padres ante el diagnóstico prenatal estarán bien informadas -es decir, los ejercicios de libertad serán auténticos- sólo cuando las personas que conforman nuestra sociedad se avengan a aprender lo que de verdad la discapacidad significa, tanto para los propios individuos como para las familias. El progreso auténtico consiste en aceptar con amor a ese ser humano y contribuir a que desarrolle sus reales e inagotables capacidades”. No es posible admitir que se trabaje para matar a nuestros semejantes. Debemos estar atentos al peligro y no permitir que se produzca, porque en este caso lo que aspira el funcionario público aludido, es generar, como mínimo, más muertes. No necesitamos funcionarios públicos que trabajen así, necesitamos personas que lo hagan para salvarnos de “la gran caída” que sufrimos de la natalidad, que ha llevado a los expertos a hablar del “fin del período de crecimiento poblacional en Uruguay”, concluyeron.
