El sector panadero del departamento se encuentra en estado de alerta. En una reciente instancia de diálogo, directivos del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), representantes del Sindicato Único de Obreros Panaderos de Salto (SUOPA) y el Dr. Carlos Silva, Director de Salud e Higiene de la Intendencia, se reunieron para abordar la compleja realidad que atraviesa este rubro tradicional. Durante el encuentro, las instituciones gremiales y sindicales trasladaron una serie de inquietudes que van desde la rigurosidad de los controles bromatológicos hasta las condiciones laborales vigentes. Sin embargo, el eje central de la discusión fue la creciente proliferación de panaderías clandestinas.
FLAGELO DE LA INFORMALIDAD
Desde el Centro Comercial se enfatizó que la existencia de puntos de elaboración no registrados no solo representa un riesgo sanitario latente para el consumidor —al eludir los controles de higiene básicos— sino que también configura un escenario de competencia desleal. Según indicaron los referentes del sector, las empresas formales enfrentan una carga impositiva y normativa que los establecimientos informales ignoran, poniendo en jaque la sostenibilidad de los comercios legalmente constituidos. «Es una situación que hemos señalado de forma reiterada; la operativa en las sombras castiga al comerciante que cumple con las reglas y desprotege a la población», manifestaron fuentes vinculadas a la reunión.
COMPROMISO DE FISCALIZACIÓN
Por su parte, el Dr. Carlos Silva tomó nota de los planteos realizados por el CCIS y SUOPA. El jerarca comunal detalló la metodología de trabajo que viene implementando el área de Bromatología y reconoció la necesidad de profundizar el análisis sobre la situación actual del mercado de panificados en Salto. Silva manifestó su disposición para articular los mecanismos correspondientes que permitan atender esta problemática. En este sentido, se comprometió a que, dentro del ámbito de sus competencias, la Intendencia reforzará las acciones para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y combatir las irregularidades denunciadas.
