Luego de la reciente denuncia pública realizada por el equipo técnico del programa de atención a víctimas de Violencia Basada en Género (VBG) en Salto, quienes reclamaron por el retraso en el pago de sus haberes, el panorama parece despejarse. El Partido Socialista, sector al que pertenece el actual Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, emitió un comunicado oficial asegurando que la situación administrativa ha sido subsanada y los fondos ya han sido transferidos.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La movilización de los trabajadores puso el foco en la precariedad que genera la falta de regularidad en los pagos, especialmente en un área tan sensible como la atención a la vulnerabilidad social. Según los funcionarios, la demora resultaba «intolerable» dada la naturaleza crítica de su labor diaria. Desde la cartera de Desarrollo Social, se explicó que los retrasos no fueron producto de la desidia, sino de una exhaustiva revisión de convenios y de trabas administrativas heredadas de procesos acumulados al inicio del periodo.
TRANSFERENCIA CONFIRMADA
En el comunicado difundido recientemente, la fuerza política informó que el Ministro Civila confirmó la transferencia de las partidas presupuestarias a la organización CIEDUR. «En breve estarán recibiendo el cobro de salarios correspondientes las y los trabajadores que sostienen el Servicio de Violencia Basada en Género en Salto», reza el documento. La administración destacó que, pese a las dificultades técnicas y las observaciones legales que presentaban algunos convenios, el diálogo con el sindicato ha sido «permanente». Asimismo, subrayaron que la actual gestión ha logrado reducir los tiempos de espera en comparación con años anteriores, donde los atrasos solían extenderse por varios meses. Con esta transferencia, se espera que en las próximas horas se normalice la cadena de pagos y se garantice la operatividad total de los dispositivos de asistencia en el departamento.
