Dr. Fulvio Gutiérrez
La decisión del Presidente Vázquez, de entregar al Presidente electo Dr. Luis Lacalle Pou dos iniciativas legislativas con el fin de que las incluya en el proyecto de ley de urgente consideración que éste último está preparando para presentarlo en el Parlamento luego del próximo 1º de marzo, está fuera de lugar. Vamos a analizar uno de esos proyectos referidos al Fondo Nacional de Recursos.
Para empezar, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué el Frente Amplio no presentó esos proyectos, si estuvo quince años en el gobierno (diez de ellos con la presidencia de Vázquez), y siempre contó con mayorías parlamentarias durante todo ese largo tiempo. O Vázquez actúa con muy mala fe, y pretende que Lacalle se “resbale” en una “cáscara de banana”, o lisa y llanamente actúa con muy mal asesoramiento, y con evidente mala fe. Estamos seguros que Lacalle no va a pisar en falso, porque además hace algunos años –siendo legislador- le contestó negativamente a una iniciativa similar. Por tanto vamos a lo segundo: está mal asesorado y tiene muy mala fe. Tan mal asesorado que con su propuesta, se violaría la Constitución y como consecuencia, se atacaría gravemente a la denominada “agenda de derechos”, que la izquierda dice defender.
El proyecto pretende incluir en la ley que regula al Fondo Nacional de Recursos, una norma que establezca que los medicamentos o vacunas no incluidos en los programas integrales de salud, el Catálogo de Prestaciones, el Formulario Terapéutico de Medicamentos aprobados por el MSP o en los casos en que, aún definidos y aprobados, sean recetados para patologías ajenas a las previstas en los mencionados programas o catálogos, no serán contemplados porque no se justifican desde el punto de vista médico. Hablando en criollo: el uruguayo enfermo que solicita un medicamento que no está en los protocolos, lisa y llanamente se muere.
La aprobación de semejante iniciativa, viola el art. 72 de la Constitución, en cuanto protege todos los derechos inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno; y viola el art. 44, que establece que el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Precisamente estos artículos son la base jurídica por la que el Estado pierde todos los juicios de amparo que los uruguayos enfermos le inician, pese a que los medicamentos que reclaman no están especialmente previstos en las normas reglamentarias con las cuales se maneja el MSP y el Fondo Nacional de Recursos.
Pero además, y por si lo indicado no fuera suficiente, la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia ha sido muy clara en señalar que “la regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los Estados, sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, ni originario ni derivado”. En la vía académica y doctrinaria, hemos analizados en profundidad esta situación. (1)
Que un Presidente saliente, entregue a un Presidente entrante, un proyecto de ley que ataca abiertamente a la Constitución, para que lo remita al Parlamento en sede de iniciativa, es una verdadera falta de respeto. El Dr. Lacalle Pou, que es una persona educada y que ha asumido el cargo para el cual fue elegido con gran sentido de responsabilidad, le contestó con altura, señalando que iba a analizar la propuesta y le iba a contestar. Descartamos que la respuesta será negativa, porque está claro que no va a pisar semejante “cáscara de banana”.
(1)Ver La Justicia Uruguaya. Tomo 156. Doctrina. Gutiérrez Fulvio – Gómez Leticia. Modificaciones al principio de jerarquía del Ordenamiento Jurídico. Pág. 3-10.
