Por Andrés Merino
Los fiscales se quejan de que están sobrepasados de trabajo. Y es cierto; en la nueva dinámica impuesta a la Justicia son, ni más ni menos, los encargados de liderar el proceso acusatorio. Hoy hay tres partes definidas haciendo su trabajo: el fiscal, reuniendo pruebas, acusando; la Defensa; y en el medio el juez ya sin el protagonismo del antigüo Código del Proceso Penal. También, entre muchos otros cambios, las víctimas ya no tienen un rol de pasividad absoluta, pueden aportar a Fiscalía e inclusive entablar a través de la Defensa algún tipo de negociación. Negociación a la cual le puede echar mano la Fiscalía para abreviar determinados procesos.
El razón de esas negociaciones está rodeada de lógica; si alguien primario comete un delito de poca monta, hace ruido que todo el peso de la Ley recaiga sobre él. Parecería un exceso, y en la actual redacción de la norma que habilita esta situación, es posible que la Fiscalía entable algún tipo de negociación y se aplique una sanción benévola y que ni siquiera el hecho se lleve a juicio, circunstancia engorrosa que sin dudas colapsaría la ya desbordada tarea de los fiscales.
Es evidente que cuando el actual Código del Proceso Penal se votó y luego se fue emparchando por el camino, no se previó un adecuado acompañamiento presupuestal, y los fiscales, más bien todo el sistema, no dan abasto, a pesar de hacer un uso generoso de la negociación con los acusados.
De allí la queja del público de que a los delincuentes se los libera sin muchas vueltas, y de los fiscales simplemente no pueden con todo el volumen de trabajo.
Es atendible que un delito menor pueda encuadrarse en una negociación y se acceda a una inmediata libertad, pero en este recurso están incluidos también delitos graves como la rapiña, y de ahí es que veamos paseándose al otro día por el barrio a quien rapiñó a sus congéneres horas antes. Y pavoneándose de ello.
Eso irrita a la gente, pero son errores del actual articulado que deberá corregir el nuevo Parlamento sin dudas.
Hoy, reitero, se quejan los fiscales de las condiciones en que trabajan, y algunos y algunas han ido más lejos y advierten que si se llevan a cabo algunos cambios previstos en la Ley de Urgente Consideración, el sistema carcelario, por ejemplo colapsará. Si mal no entendí, detrás de esa queja se puede leer que no estaría bueno mandar a más delincuentes a las cárceles?
Comprendo parte de lo expresado, pero de ninguna manera, como ciudadano de un país en llamas desde el punto de vista de la seguridad, puedo coincidir con semejante comentario. El sistema adecuado para los delincuentes es la privación de libertad y apartamiento de la convivencia con el resto de la población, sus víctimas reales de todos los días.
Las medidas presupuestales que acompañen a los cambios legislativos son fundamentales, a pesar de que recién puedan entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2021.
Será entonces un año de espera y tensión este 2020, pero en aras de una mejor convivencia en este país.
Como dicen los americanos cuando las autoridades «dan de baja» a algún terrorista por ejemplo: «el mundo es un lugar más seguro sin Fulano», el Uruguay será un lugar más seguro cuanto más delincuentes sean sacados de circulación.
Mientras tanto, los presos son los ciudadanos comunes, encerrados tras rejas y limitados en sus movimientos cotidianos por temor a ser víctimas de una delincuencia rampante que nos regala el Frente Amplio tras quince años de desgobierno.
