Por César Signorelli
Es bien sabido que todos los países vienen tratando de mantenerse en el equilibrio entre el control de la pandemia a través de una cuarentena general, y mantener determinados niveles de actividad económica que permitan conservar la misma y evitar un post pandemia con consecuencias más duras.
Se ha acudido muy fuerte a medidas de seguridad social para contrarrestar el desempleo temporal que se produce, ya sea por el enlentecimiento de la economía (paralización casi total en algunos sectores) o por la imposición de cierre (hoteles termales, por ejemplo) y, por ende, el desempleo, siendo fuertemente utilizado el seguro de paro, al que se le introdujeron modificaciones a la modalidad de parcial, que consiste en la reducción en el número de horas o jornadas trabajadas, flexibilizándose el ingreso. Ese mínimo de actividad es lo que viene a impedir un efecto que agudizaría aún más la situación, que es la interrupción en la cadena de pagos. O sea, el proveedor no recibe el pago del productor, éste deja de recibir la materia prima y por ende de producir, ambos dejan de proporcionar trabajo, más gente desempleada, en algunos casos sin cobertura y, en otros con menores ingresos y más costos para la seguridad social.
Esto además provoca que los agentes económicos no puedan hacer frente a sus obligaciones fiscales y por lo tanto el Estado deja de recibir dinero para cubrir los crecientes costos en materia de seguridad social y para combatir el virus. Una realidad a la que pareciera ser, nadie escapa y que demanda una actitud responsable y un aporte mínimo de toda la sociedad.
De tal modo, mantener determinados niveles de actividad, tomando las precauciones sanitarias correspondientes, parece ser el correlato ineludible de los controles sanitarios y de las medidas de cuarentena parcial que a nuestro juicio el gobierno de nuestro país ha tomado.
En esta lógica deberían ingresar todos los operadores, públicos y privados, en la medida de que resulte posible. Vamos a referirnos a uno fundamental en los Departamentos del interior del país, las Intendencias, las que en general han dispuesto el cierre casi total de algunos sectores y la sensible reducción de otros.
Suelen ser una de las empresas más grande de algunos Departamentos y, en la mayoría de los aspectos funcionan en esa lógica empresarial privada. De tal modo, son empleadores, se proveen de servicios e insumos y proporcionan servicios, toman créditos y además contraen obligaciones, entre otras tributarias. Siempre pensamos que deberían tener una organización de trabajo más alineada con una empresa privada, pero lo cierto es que los funcionarios municipales reciben el mismo tratamiento jurídico que un empleado público, con las particularidades de cada Intendencia.
Las Intendencias y sus funcionarios cotizan al BPS, con lo que resulta perfectamente posible que las Intendencias acudan a esta herramienta en caso de ser necesario y que los trabajadores municipales puedan ser enviados al seguro de paro.
En efecto, la técnica de inclusión adoptada por nuestra ley consiste en incluir a todos los trabajadores de Industria y Comercio, a los que se suman otros, como rurales y domésticos y deja abierta la posibilidad a que el Poder Ejecutivo incluya a algunos sectores que cotizan al BPS y que no se encuentren expresamente incluidos. Esto se desprende muy claramente del Decreto-ley 15.180 en la redacción dada por la ley 18.399 y la reglamentación establecida en el Decreto 162/2009.
De modo que las Intendencias y los funcionarios municipales se encuentran habilitados a acudir y acogerse, respectivamente, al Seguro de Paro, debiendo mediar una decisión del Poder Ejecutivo nacional que los incorpore al sistema. Entendemos que esta puede ser una herramienta muy útil y que debería ser utilizada. Varias razones militan en ese sentido. El ahorro obtenido por el no pago del salario y aportes al BPS de los trabajadores enviados al seguro de paro debería destinarse al cumplimiento de las obligaciones contraídas con las empresas proveedoras y con las que ya existe atraso, como forma de evitar que se corte la cadena con éstas, lo que ayudaría a que esas empresas proveedoras no se vean en la obligación de cesar al personal y caer en incumplimientos de sus obligaciones, entre otros, los fiscales.
Sería una medida más justa y solidaria con el resto de los trabajadores de los demás sectores del país, que se han visto obligados a reducir sus ingresos por la situación, mientras que los que debieron seguir trabajando lo están haciendo bajo ciertos riesgos.
También más justo y solidario con los funcionarios de cada Intendencia, en tanto siguen percibiendo sus ingresos de la misma forma quiénes deben seguir trabajando bajo determinado riesgo sanitario y quiénes permanecen en sus casas seguros y sin trabajar.
Todos, absolutamente todos, debemos contribuir al equilibrio.
