Por Karina De Mattos.
Un padre de familia estuvo diez días internado, ingresó por un problema cardíaco y lo trataron por otros diagnósticos, su estado empeoró y lo ingresaron en sala covid-19 en coma inducido para mejores cuidados y falleció unas horas después. Tras el fallecimiento lo catalogaron como paciente covid y su familia no pudo retirar el cadáver hasta varios días después y no lo pudieron despedir como corresponde.
HISOPADO FUE NEGATIVO
Sus hijas, Ximena y Eugenia Umpierre no se quedaron calladas y denunciaron ante la Justicia a los responsables. En diálogo con CAMBIO comentaron detalles del avance del caso. Ximena expresó: «El resultado del hisopado que esperábamos para el martes apareció mágicamente el día viernes a la noche. Y fue negativo. Debimos realizar el velatorio a cajón cerrado, debido al estado el cuerpo de descomposición del cuerpo que estuvo desde el jueves a la mañana al viernes a la noche. No nos dieron el certificado de defunción, aún no sabemos la causa de la muerte. Desde el Hospital nunca nos indicaron reconocimiento del cuerpo. Papá entró el jueves por la mañana a la sala covid-19 y en realidad no sabemos a quién velamos adentro del cajón, creemos que es él. Desde la empresa fúnebre nos dijeron que el procedimiento fue irregular ya que no nos avisaron para reconocer el cuerpo.
SE PIDIÓ AUTOPSIA
Claramente vamos a continuar con las acciones legales, se pidió una autopsia, y la historia médica. Desde nuestras peticiones quiero aclarar que no hay un móvil económico sino que queremos que se revean los procesos y que se sepa que pasa desde que un paciente ingresa a la emergencia hasta que se va a su casa caminando o dentro de un cajón. Analizando el caso, está todo vinculado a recortes de gastos. A decisiones políticas que se toman por la existencia de un presupuesto nefasto para la salud, porque si a papá le hubieran hecho la tomografía lo hubieran diagnosticado bien y estaría vivo. Los recortes recaen en la espalda del pobre y en este caso el pobre fue papá».
DAÑO MORAL
CAMBIO consultó al Dr. Gustavo Grassi el motivo y formato de la demanda que realizarán al Hospital Regional de Salto: «En estos casos se toman dos tipos de acciones, una por responsabilidad médica, que es una demanda en el ámbito de lo civil, la demanda que comúnmente se denomina por daños y perjuicios. Obviamente se busca el resarcimiento del daño provocado por la negligencia médica o el mal diagnóstico o el error en el mismo, que lleva a producir la muerte como creemos que sucedió en este caso. Se demanda por una suma de dinero o la muerte en sí por el daño moral, por la aflicción moral provocada a los familiares. Y además eventualmente por lo que se llama lucro cesante. Esa persona tenía un trabajo, un ingreso que constituía en el sustento de su familia.
Se calcula una vida probable, y además del daño moral se reclama esa suma por lucro cesante. Se establecen ciertos parámetros para calcular cual es el monto de ingresos que esa familia que vivía con él se hubiera visto beneficiada por el lógico trabajo e ingreso del hogar.
ACCIÓN CIVIL Y PENAL
Por otro lado existe la acción penal, porque fuera de la acción civil existe la penal, y son totalmente independientes entre sí, ninguna de ellas tienen incidencia en principio en la otra. La acción penal pasa por que los familiares realizaron una denuncia en la Seccional Primera de policía que consistió en denunciar las irregularidades que constataban en cuanto a que no les entregaban el cuerpo. La acción penal va a ser más concreta, una denuncia en Fiscalía, una vez que tengamos la historia clínica, porque como ellas muy bien lo han relatado, el papá ingresó por un cuadro aparentemente de arritmia, fue tapado o se le diagnosticó y ahí está el error en el diagnóstico que provocó la muerte, se lo trató por nueve días por otras afecciones y al fallecer se les dice que fue por infección pulmonar. Sucede que si en esos nueve días el tratamiento hubiera sido el adecuado y el diagnóstico correcto, seguramente se hubiera evitado la muerte».
