Las autoridades del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) Dr. Alberto Gallinal, presentaron en los últimos días su balance de gestión del año 2020 y las proyecciones para el 2021, en un documento que está publicado en su página web, con el objetivo de fomentar la transparencia del sector público.
Previo a detallar lo realizado y lo que se planificó, se plantea la situación de la institución al ser recibida por las nuevas autoridades, detectándose allí una serie de acciones que han comprometido la institución, desde el punto de vista financiero.
En primer lugar se denuncia que al «1º de marzo de 2020 MEVIR se encontraba en una situación de sobre ejecución presupuestal en el quinquenio de $ 700 millones, provocando que a esa fecha la caja de la Institución fuera de apenas 30 días, siendo que se había iniciado el anterior período con una disponibilidad de 6 meses».
Además se suma que el costo de las viviendas, en términos reales, habría crecido un 30% en los últimos cinco años, siendo el máximo en 2019 cuando el costo de construir una vivienda de Mevir se ubicó en UR 2.300 (Unidades Reajustables), aproximadamente unos 268.164 pesos uruguayos. Según se explica en el informe se han tomado medidas de control estricto, tanto presupuestal como financiero, para que la institución siguiera en marcha.
A la preocupación de disponer de recursos financieros únicamente para 30 días, se suman algunas acciones desarrolladas por la administración anterior, dos semanas antes de dejar el cargo, que comprometieron aún más el presupuesto futuro de MEVIR.
Entre ellas se remarca la firma de un convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay, el 11 de febrero de 2020, donde se determina el pago mensual de UR 887 para saldar una deuda que data de 1996 y que implica un desembolso de $ 15 millones anuales.
El 26 de febrero se otorgó el pase a comisión a la Cámara de Senadores del Parlamento, del Gerente General de MEVIR; provocando que la institución debería cubrir el cargo por duplicado con una erogación salarial anual de $ 5,2 millones. Por último se señala que el 27 de febrero de 2020 se firmó un convenio colectivo, el cual generó un impacto administrativo en la gestión, con una implicancia económica anual de $ 17 millones.
