Colegio Médico del UruguayConsejo Regional NorteNorte.
En el marco de un sistema de cooperación y trabajo interinstitucional, el Regional Norte del Colegio Médico del Uruguay (CMU) se reunió días pasados con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para conocer en qué consiste el proyecto de Infancias Rurales en el que vienen trabajando.
En tal sentido, y apostando al reconocimiento del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes en el medio rural y en pequeñas localidades, el presidente del Regional Norte del CMU, Dr. Ramón Soto mantuvo un encuentro con referentes del área de Descentralización de la mencionada institución.
Apostando además a tener un encuentro con la Sociedad de Medicina Rural contaron que en el 2017, al iniciar el mandato del segundo Consejo Directivo de la INDDHH, se trazó como una de sus metas principales la llegada a todo el país, de modo que la Institución sea efectivamente una herramienta de alcance nacional, extendiendo la difusión de sus competencias a aquellos sectores de la sociedad más vulnerados y postergados.
En cumplimiento de tal propósito, desde el 2018, se ha iniciado la concurrencia periódica y regular a diversos puntos del territorio tomando contacto con organismos y autoridades departamentales, locales y distintas dependencias estatales, así como también con organizaciones sociales, referentes y población de las comunidades.
Para lograr esta meta se conformó en setiembre de 2017 un área de trabajo con el cometido específico de descentralizar las actividades que la Institución lleva adelante.
Durante los primeros años, el área ha priorizado desarrollar su trabajo al norte del Río Negro, teniendo en cuenta los indicadores socioeconómicos del país. Hasta el momento se abordaron actividades y acciones regulares con el involucramiento de los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha. En el año 2020 se incorporaron los territorios de Tacuarembó y Durazno y, en 2021, se prevé llegar a Lavalleja y Salto.
En los medios rurales, la baja densidad poblacional, la vida social y comunitaria desplegadas entre unas pocas y numerosas familias, las dificultades de accesibilidad al trabajo, los cambios productivos y la exclusión o la distancia de planes y organismos de protección de derechos, plantean desafíos al desarrollo de políticas públicas. Estas deben ser capaces de abordar con especificidad y sostenibilidad una escucha institucional sensible y comprometida que trascienda estereotipos o diseños de programas planificados para o desde otros contextos sociales.
Las diferentes observaciones y recomendaciones de organismos internacionales realizadas al Estado Uruguayo resaltan la importancia de atender las especiales condiciones de vulnerabilidad que tienen las poblaciones rurales. En especial en relación a la infancia se resaltan las recomendaciones vinculadas al acceso a servicios integrales de salud, la atención de la salud sexual y reproductiva, garantizando el acceso a maternidades equipadas y la atención del embarazo adolescente.
La violencia sobre niñas, niños y adolescentes es un fenómeno que se expresa de múltiples formas: simbólica, física, sexual, emocional, e institucional. Es preciso desarrollar acciones específicas y especializadas en sintonía con las singularidades territoriales es fundamental para su mejor eficacia y sostenibilidad.
Las escuelas rurales, los centros educativos, el personal sanitario, la policía y actores judiciales que trabajan en pequeñas localidades son, muchas veces, quienes primero detectan y deben prevenir y abordar situaciones de vulneración de derechos. La distancia de los servicios técnicos especializados, que generalmente se centralizan en las capitales departamentales, la proximidad con las familias y con referentes comunitarios que inciden de forma negativa, a veces conducen a minimizar o naturalizar prácticas que deben revertirse.
En el 2021 el área de Descentralización profundizará el trabajo en los territorios para mejorar las articulaciones interinstitucionales y las prácticas de protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes atendiendo especialmente el acceso a la salud, la educación y la justicia. Se propone continuar el desarrollo de acciones de recopilación de información sobre la situación de la infancia en contexto rural o en pequeñas localidades y la sensibilización y promoción de derechos.
Para ello se apostará al relevamiento de datos para la construcción de información, consistente y contrastable que dé cuenta de la situación de la infancia en pequeñas localidades. Esto permitirá construir mejores fundamentos para recomendaciones y acciones, así como herramientas para el diseño de políticas y programas de protección de la infancia.
Los valiosos aportes de técnicos y profesionales de la salud, la educación y la justicia, con experiencia en el trabajo territorial son una fuente de retroalimentación fundamental para el fortalecimiento de la formación, el reconocimiento de buenas prácticas, así como la puesta en perspectiva de las particularidades de la labor de técnicos/as y profesionales que trabajan cotidianamente con las comunidades rurales.
La propuesta general apunta a fortalecer los vínculos con referentes relevantes en relación a la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional y local, identificar problemáticas así como fortalezas. Para eso se contactarán autoridades departamentales y locales, equipos técnicos, maestras/os, organizaciones sociales, etc., que aporten información significativa (cuantitativa y cualitativa).
Las tareas de recopilación local de información se realizará a partir de entrevistas a realizarse en al menos 5 pequeñas localidades (de aproximadamente 2000 habitantes). La selección de las mismas se basará en la experiencia de trabajo y de relevamiento de datos previos en los territorios en los que desde el Área hemos trabajado. En una definición preliminar, sujeta a revisión, en el proceso de desarrollo de la etapa inicial de contacto con actores nacionales y departamentales, se procurará abordar una localidad de los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres y Salto.
