Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
El gobierno está decidido a realizar algunas modificaciones al denominado Estatuto de los Funcionarios Públicos, para acompasarlo a los tiempos que corren y a la normativa que regula esta temática en otros países. A tales efectos, los días 21 y 22 de abril pasado, hubo una importante reunión en la Torre de Telecomunicaciones de ANTEL, organizada por la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), bajo el título “Buenas prácticas de gestión de personal en el sector público”. Además de representantes de veinte países americanos, y algunas organizaciones internacionales, concurrió especialmente invitado Martín Pereira, presidente de COFE (Confederación de Funcionarios del Estado). El sindicalista reconoció la calidad de las negociaciones entre el gobierno y COFE, señalando la necesidad de las modificaciones propuestas, en la medida que es necesario que el Estado se adecue a los cambios en las condiciones laborales y el servicio que se le brinda a la población.
Esta es una muy buena noticia, en la medida que, como lo señaló Conrado Ramos, Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la idea es establecer un nuevo sistema de carrera administrativa. Esto no es poca cosa. Supondría establecer un nuevo sistema de retribución a los funcionarios de los escalafones de servicios generales, administrativos y especializados, y profesional y técnico y un nuevo sistema de remuneraciones y de movilidad a gran número de los funcionarios administrativos del Estado. Significaría un cambio notorio en la movilidad de los funcionarios, en la determinación de las tareas que realiza cada uno, en la injusticia que se deriva de que en cada organismo estatal se paga diferente por la realización de las mismas tareas, porque tampoco son iguales los sistemas de evaluación en cada uno de ellos. Sin dejar de analizar el hecho de que los altos mandos son designados por méritos políticos, y tienen menos conocimientos que los funcionarios que tienen bajo su jerarquía.
Se trata de una verdadera revolución administrativa en el ámbito público. Recordemos que los funcionarios públicos se regulan por un estatuto, que es un conjunto orgánico de normas constitucionales, legales y reglamentarias, que regulan sus derechos, deberes y obligaciones. Sus principios generales, están establecidos en varios artículos de la Constitución de la República, pero su regulación legal y reglamentaria es diferente según el organismo al cual pertenezcan. Todas estas propuestas no son otra cosa que la continuación de una política de perfeccionamiento y de eficacia en la gestión de los órganos estatales. En ese sentido, el Poder Ejecutivo con fecha 9 de julio de 2020 promulgó la Ley Nº 19.889 (LUC), tramitada con declaratoria de urgente consideración, y en sus artículos 340 a 345 del Capítulo V «Fortalecimiento del Servicio Civil de la República» de la Sección V «Eficiencia del Estado», establece la figura del Delegado Sectorial del Servicio Civil, que tendrá un rol clave en la uniformización de criterios y estándares comunes, así como en la profesionalización de la Administración Pública, a través del desarrollo de programas de capacitación generales o específicos.
El gobierno pretende enviar al Parlamento la normativa correspondiente a los cambios mencionados, con la próxima Rendición de Cuentas. Si obtiene la aprobación parlamentaria, el sistema a implantar será removedor en cuanto a la gestión administrativa de los organismos estatales. Y eso es muy importante.
