Dr. Fulvio Gutiérrez
Se ha hecho pública, la realización de una serie de reuniones a nivel político que tienen por finalidad intentar corregir la forma de ingreso de personas a los gobiernos departamentales, estableciendo una reglamentación que cubra los vacíos que actualmente existen en ese sentido, y se precise una normativa genérica y concreta que termine con las dudas interpretativas que llevan a generalizar excepciones que rompen aquellas reglas. Para decirlo pronto y claro, lo que se está analizando es la elaboración de una reglamentación que termine con el denominado clientelismo político a nivel de las intendencias. El clientelismo político, que no es otra cosa que comprar votos a cambio de cargos en las intendencias, tiene más de cien años, y ha sido la práctica común, tolerada, aceptada y practicada por todos los partidos políticos, sin excepción. Ocurre que en estos últimos años se ha incrementado a niveles realmente preocupantes, llegando a constituir un claro abuso de funciones.
No es un tema nuevo. En la Rendición de Cuentas pasada, el Frente Amplio propuso un proyecto de ley en ese sentido, en el cual se establecía que el ingreso a órganos del Estado se debía hacer por el procedimiento del concurso, pero no contó con el apoyo de la coalición multicolor. Posteriormente el senador el Partido Colorado, Adrián Peña, presentó un proyecto que buscaba trasparentar los ingresos a las intendencias por el mismo procedimiento, y establecía la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del período de gobierno, todo con un previo pronunciamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Tampoco tuvo apoyo.
La intención es buena, como bueno es todo lo que sirva para hacer más transparente las contrastaciones de funcionarios de los gobiernos departamentales. Sin embargo, la solución al problema no es tan simple. En primer lugar, porque tiene que haber consenso en que necesariamente se debe legislar en forma clara, precisa y adecuada a la realidad, sobre esta temática. Es decir, tiene que existir voluntad política. Y por lo que conozco de la realidad de algunas intendencias, esa voluntad no siempre existe. En segundo lugar, la solución legal a este problema, no puede de ninguna manera, violar la autonomía de los gobiernos departamentales, claramente prevista en el art. 64 de la Constitución de la República. En consecuencia, una ley que se apruebe en tal sentido, debe contar con una mayoría de dos tercios del total de componentes década Cámara. Y en tercer lugar, el tema debe ser analizado en profundidad, porque los gobiernos departamentales tienen que precisar cómo se ingresa a tener la calidad de funcionario, qué requisitos se exige para cada clase de funcionario, describir con claridad cuáles son los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de cada uno, que tipo de contrataciones y con qué límites se pueden hacer sin que suponga otorgar la calidad de funcionario, describir las prohibiciones para los funcionarios y para los intendentes en cuanto a los tiempos y épocas en que se prohíbe tales contrataciones, un sistema de derecho a ascender en base a pautas claras, con participación de representantes de los funcionarios y una serie de precisiones sobre lo que podría llamarse “estatuto del funcionario departamental”.
Si se logra un consenso en todo eso, y se llega en definitiva a una reglamentación clara y precisa, entonces estaremos en condiciones de hacer desaparecer el clientelismo político, y como consecuencia, estaremos creando una norma moralizadora que en definitiva va a hacer más creíble la actitud política de los intendentes.
