Por Pablo Perna
Esta semana El Salvador ha superado todos los records históricos al ser reelecto Nayib Bukele por el 85 % de los votos emitidos, obteniendo su partido 58 de 60 legisladores, nunca antes en la historia de la humanidad y en democracia ningún candidato había sido reelecto con márgenes tan extraordinarios.
El Salvador es un país más pequeño que Uruguay territorialmente, con una población de 6.800.0000 habitantes, es sub desarrollado, sin petróleo, sin grandes recursos naturales y durante décadas más del 85 % del país era dominada por las pandillas delictivas, comúnmente llamadas “Maras”. Estas dominaban el mercado legal, decidían que productos se podían vender en los barrios y que no, dominaban el trafico de drogas, controlaban los barrios, manejaban grandes emprendimientos, desde armerías hasta casas velatorios. Desde las cárceles, que se habían trasformado en prostíbulos, digitaban quienes debían de morir. Las maras recibían el apoyo de la casta política de El Salvador en virtud que en épocas de campaña electoral eran quienes le juntaban los votos en los barrios.
Los analistas internacionales de derechos humanos decían que era imposible solucionar el tema de la delincuencia en El Salvador por estar enquistada en el entramado social. Esto fue así hasta que en el 2019 es electo presidente Bukele con tan solo 38 años hace oídos sordos a los organismos internacionales e implanta sus propias medidas de seguridad. Logra que El Salvador desde el 2015 que habían 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pase en el 2019 a 36 homicidios; en el 2022 a 7 y en febrero 2023 se celebro 300 días sin contabilizar ningún homicidio en el país.
El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro del mundo con políticas de mano dura.
¿Qué sucede en el Uruguay con la delincuencia pesada? No han existido cambios sustanciales, ni siquiera con la LUC, ejemplo de ello es que en Montevideo en el 2022 fue el año donde más homicidios ha existido, records que superan cifras del Gobierno del Frente Amplio y en el 2023 existió únicamente un delito menos que en el 2022, 382 a 383.
Declaran los médicos forenses que la mayoría de los asesinados son jóvenes y pobres, y que antes lo habitual era que la muerte apareciera con una sola lesión, pero hoy lo habitual es que los muertos aparecen con “rafagazos”, con 10, 20, o 30 orificios, cuando no aparecen mutilados y/o quemados. Se agrava la situación cuando el 50 % de los homicidios en el Uruguay no son resueltos.
Del Ministerio del Interior funcionarios ilusos han dicho que la situación no es grave porque “se matan entre ellos”, pero que se dice ahora cuando de manera impune se asesina fríamente a un policía de 37 años de edad, que estaba casado y con dos hijos de 11 y 7 años, y que los presuntos delincuentes ya tenían antecedentes penales.
O a los 370 policías que en el 2022 y similar número en el 2023 fueron amenazados por delincuentes, donde se repiten el caso de un oficial que le dijeron: “milico te vamos a matar”, mientras tomaba mate con su pareja en la puerta de su casa, lo que tuvo que mudarse del barrio.
Claramente la LUC no ha sido suficiente para estos tipos de delitos ¿no deberíamos de mirar hacia el ejemplo de El Salvador? o por lo menos hacerle caso al padre de la educación contemporánea en el Uruguay, Germán Rama, que afirmaba en 1995: “Si no resolvemos los problemas de la educación, vamos a seguir bajando la ley de imputabilidad y construyendo mas cárceles”.
