Atropello a la constitución

Dr. Fulvio Gutiérrez
La libertad de expresión del pensamiento, está consagrada en el art. 29 de la Constitución, constituyendo la base fundamental de nuestro Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático. Como afirma el Prof. Ruben Correa Freitas, en el prólogo de su libro “Fundamentos de la Constitución” (Ed. 1917. B de F Ltda.), es “la base de todos los demás derechos humanos, porque si el individuo, hombre o mujer, no puede ejercer libremente el derecho a expresar su pensamiento de cualquier forma, si no puede investigar libremente, si los docentes, maestros y profesores no gozan de la libertad de cátedra, si los medios de comunicación (la prensa, la radio y la televisión) no pueden informar sin mediar la censura previa, de nada servirá poder tener el derecho a la seguridad, al honor, a la salud, al trabajo, a la propiedad, a la vivienda o el medio ambiente”.
Estas reflexiones, vienen a cuenta de las modificaciones que se están analizando para reformar la denominada Ley de Medios, No. 19.307, de 19/12/2014, y que el pasado 14 de mayo fue aprobada por la Cámara de Senadores. La aprobación de esta ley llevó mucho tiempo y varios de sus artículos fueron cuestionados por diferentes aspectos. Para colmo, cuando una empresa de comunicaciones cuestionó su constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, nuestro supremo órgano judicial declaró inconstitucionales a seis artículos de dicha ley. Esto llevó al actual gobierno a presentar un nuevo proyecto con una serie de modificaciones, que ya lleva una larguísima discusión, y que refieren a varios artículos de la ley. Hasta aquí, todo bien. Pero cuando parecía que ya todo estaba resuelto, y existía un razonable consenso, Cabildo Abierto propone un nuevo aditivo para el art. 72 que, en verdad, supone una clara violación de nuestra Constitución.
El aditivo propuesto por Cabildo Abierto establece una “obligación-derecho” que se sintetiza así: Por un lado, se establece como una obligación de los servicios de difusión, el brindar a los ciudadanos, “información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respeto a los mismos”. Como contrapartida, “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”. Estas dos frases son en verdad, una censura previa de evidente inconstitucionalidad, porque no son otra cosa que un contralor de los contenidos de los medios de comunicación. Pero además son impracticables. En una democracia como la nuestra, los “servicios de difusión” tienen libertad de opinar, esa opinión se hace en base a un análisis que también tienen libertad de elegir, de ambos conceptos va a surgir una opinión que obviamente no va a ser imparcial, que podrá ser seria o no, que será plural o no, porque será valorada al libre entendimiento de ese medio, y al libre pensamiento de cada medio. Además, en una democracia, ¿quién juzga si la información es completa, seria y equilibrada? En base al derecho de los ciudadanos, es obvio que cada uno de nosotros será quien juzgue si la información que nos envían los medios de difusión es completa, imparcial, seria, rigurosa y equilibrada. Leeremos la prensa que queramos, escucharemos las radios que queramos y veremos los servicios de televisión que queramos. A su vez, los servicios de difusión se inclinarán por las ideas, los conceptos, y las opiniones que entiendan corresponden. Darán las informaciones que entiendan pertinentes, harán los análisis y los informes de acuerdo a su leal saber y entender, Porque eso es la democracia. Es un absurdo legislar estableciendo que la información sea imparcial porque la pluralidad de ideas está en la esencia de la democracia. Por lo tanto, en el fondo, el aditivo que ha propuesto Cabildo Abierto, tiene como objetivo controlar los contenidos de los medios de comunicación, y eso no es otra cosa que una grosera violación de la libertad de expresión del pensamiento.
Sinceramente espero que la Cámara de Representantes, a la cual debe enviarse el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores, rechace de plano el aditivo propuesto. Si no lo hace, entonces será la Asamblea General la que deberá defender nuestra democracia. En última instancia y si a nivel parlamentario, nuestra Constitución no tiene quien la defienda, entonces, el Sr. Presidente deberá recurrir al derecho de veto. Porque este atropello a la Constitución, no puede pasar.