Por Andrés Torterola.
La función de la Unidad de Ruidos Molestos de la Intendencia de Salto es atender las denuncias de los ciudadanos afectados por diversos ruidos, como música alta, caños de escape libre y otras. Estas personas pueden comunicarse con la oficina dentro de los horarios establecidos: de lunes a jueves de 8:00 a 15:30, y los viernes y sábados de 22:00 a 6:00 al WhatsApp 092-343-985. La funcionaria Kelly Milán informó a CAMBIO que existe el decreto 5945/97 sobre contaminación acústica. Esta normativa determina el procedimiento que debe seguir el inspector al recibir una denuncia y realizar la fiscalización en el lugar. El decreto indica que las mediciones deben llevarse a cabo desde el dormitorio del denunciante y la sala de estar, para corroborar que el ruido que se está generando realmente supere los decibeles permitidos.
DOS FUNCIONARIOS
Durante la época de campaña política, es común ver altoparlantes con propaganda política en diversas calles de la ciudad. Al respecto, la funcionaria explicó que existen horarios específicos para la circulación de estos vehículos: de 7:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 horas en verano. El horario de invierno, la circulación está permitida de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 horas. Las personas que se dedican a esta actividad deben cumplir con una reglamentación que les prohíbe circular a menos de trescientos metros de instituciones de salud, casas velatorias e instituciones educativas. Debido a la gran cantidad de instituciones en la calle Brasil, los parlantes móviles no deberían están autorizados a circular por esa vía, indicó la funcionaria. Actualmente, la oficina cuenta con un funcionario administrativo y un inspector que se encarga de corroborar las denuncias relacionadas con la propaganda política y otros ruidos molestos.
NO SON ANÓNIMAS
Generalmente, se reciben las denuncias y se concurre al lugar para verificar la situación. También se atienden denuncias telefónicas. Aunque los vecinos creen que las denuncias son anónimas, esto es parcialmente cierto, ya que no se puede revelar la identidad del denunciante a la persona infractora. Se realizan las mediciones pertinentes, se hace la notificación correspondiente, y esa documentación se envía a la oficina jurídica. Esta unidad de la intendencia se encarga de finalizar el proceso. Milán considera que el decreto necesita una modificación, ya que establece que la multa por una primera infracción a un ciudadano común debe ser de una unidad reajustable (UR), cuyo valor es aproximadamente $1.600. Este monto se deduce de la contribución inmobiliaria u otro impuesto que paga el ciudadano. Sin embargo, en algunos casos, hay personas que no pagan ningún tipo de impuestos, lo que complica la aplicación de la normativa. En caso que el ciudadano vuelva a incurrir en infracción se le cobra 5UR, si vuelve a suceder se clausura el local, en el caso de los parlantes móviles se lo sanciona y no se le renueva la autorización para poder circular, en las casas de familias se dan otras situaciones complejas, queda a voluntad del vecino si obedece o no.
