Por Andrés Torterola
En una entrevista con CAMBIO, Alberto Brizuela, Presidente del Centro Unión de Taximetristas de Salto, se refirió a la misiva que fue presentada recientemente ante la Junta Departamental. Brizuela explicó que esta acción se debió a la falta de respuesta por parte de las autoridades de la Intendencia, quienes hasta el momento no han convocado a una reunión solicitada para abordar el problema de la circulación de taxis ilegales en la ciudad.
NO EXISTEN CONTROLES
El dirigente afirmó que actualmente no existe control que impida el funcionamiento de vehículos comunes que operan de manera irregular como taxis, lo que perjudica seriamente al sector formal. Según Brizuela, la falta de fiscalización no solo facilita la proliferación de estos servicios clandestinos, sino que además representa un riesgo para la seguridad de los usuarios y un desafío, para los integrantes del sector que vienen luchando por una solución. Ante esta situación, solicitaron a la Junta Departamental que intervenga en la búsqueda de una regulación más estricta y en el establecimiento de mecanismos de control eficientes. Brizuela subrayó la urgencia de una respuesta institucional para proteger a los taximetristas formalmente registrados, quienes deben cumplir con una serie de requisitos y regulaciones que los taxis truchos evaden, generando una competencia desleal.
LICITACIÓN INAPROPIADA
En otro orden, Brizuela señaló que la situación se agrava aún más debido a un reciente llamado a licitación por parte de la Intendencia para la entrega de siete nuevas chapas de taxi en la ciudad de Salto. Si bien reconoció que, en condiciones normales, esta medida podría considerarse adecuada para garantizar una mejor cobertura del servicio de taxis en la ciudad, advirtió que, en el contexto actual, donde el sector enfrenta una fuerte competencia desleal por parte de los taxis ilegales y la falta de fiscalización, la iniciativa solo empeorará la situación.
NO ES BUEN MOMENTO
Brizuela destacó que la incorporación de nuevos taxis en un momento tan complejo no solo incrementará la oferta de vehículos habilitados, sino que además reducirá aún más el volumen de trabajo para los taxistas que operan de manera formal, quienes ya sufren las consecuencias de la proliferación de servicios ilegales. En su opinión, sin un control efectivo que regule el transporte irregular, la medida solo servirá para agravar la problemática del sector, generando más dificultades para los trabajadores formalizados y perpetuando la falta de control sobre los taxis truchos.
SIETE NUEVAS UNIDADES
Al ser consultado sobre el estudio realizado por la Intendencia, que señala la necesidad de incorporar siete nuevas unidades para atender la demanda de taxis en Salto, Brizuela comentó que actualmente en la ciudad operan 65 taxis formales. Sin embargo, afirmó que una gran parte de los viajes es realizada por taxis informales, lo que complica el panorama. Explicó que es imposible determinar con precisión cuántos taxis irregulares circulan en Salto, ya que su número tiende a aumentar los fines de semana, cuando algunas personas realizan trabajos ocasionales («changas») en este rubro. Señaló también que varios de estos operadores ilegales han evolucionado y adquirido vehículos nuevos. Aquellos que han podido ser identificados fueron denunciados ante la Intendencia, pero hasta el momento no se han tomado medidas concretas para abordar la situación.
